El IJAS no cerrará la unidad de asistencia para indigentes

GUADALAJARA, JALISCO (04/SEP/2012).- La Junta de Gobierno del Instituto Jalisciense de Asistencia Social (IJAS) aceptó la Recomendación 28/12 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ), en la que se acreditó la violación de los derechos humanos de las personas en condición de indigencia.

Mediante contestación por escrito, el IJAS aceptó revocar la suspensión provisional de los servicios de la Unidad de Asistencia para Indigentes (UAPI); asimismo, ordenará al personal para que en lo sucesivo se abstenga de realizar prácticas administrativas tendentes a no admitir personas que acuden a los albergues que ese organismo tiene bajo su administración, o que a la postre dichas prácticas pudieran redundar en el cierre de estos establecimientos.

También realizará un estudio general del presupuesto que se otorga a la UAPI y gestionará los recursos necesarios con el fin de que dicha unidad sea sometida a una inmediata y responsable reestructuración económica, psicosocial, educativa y de salud, a fin de prestar el mejor servicio posible y que sus trabajadores cuenten con mejores condiciones.  

En su respuesta, la Junta de Gobierno aclaró que en ningún momento se ha pretendido cerrar esta unidad, por lo que la Comisión dará seguimiento puntual al cumplimiento de los compromisos adquiridos.

Los hechos

La queja que motivó la Recomendación 28/12 se inició de oficio en junio de 2011. En una visita al hospital civil Fray Antonio Alcalde, personal de guardia de esta Comisión se percató de que en las inmediaciones se encontraban varias personas en estado de indigencia, por lo que se comunicó con la unidad, a fin de que se encargara de su atención. Sin embargo, la petición fue rechazada debido a la sobrepoblación en el albergue.

En el transcurso de la investigación se constató que a pesar de que la UAPI es la dependencia oficial que debería recibir a personas en situación de indigencia, desde el 22 de marzo de 2011 no cumplía con dicha función humanitaria. Así lo instruyó la directora del IJAS, mediante un oficio en el que especificó la necesidad de suspender el servicio ante el sobrecupo y falta de capacidad para atenderlos con un trato digno y de respeto a sus derechos humanos, así como para cumplir la norma oficial establecida para la atención de este sector vulnerable.

Debido a que esta medida era temporal, debió revocarse en el momento en que ya existía la capacidad suficiente para admitir a más usuarios. Es evidente que al no hacerlo, se violaron los derechos de las personas en estado de indigencia.