Diputados frenan reforma contra 'talibanes'

GUADALAJARA, JALISCO (06/AGO/2015).- Ya pasaron dos años desde que la Secretaría del Trabajo presentó ante el Congreso una iniciativa para tipificar los delitos contra abogados y burócratas que recurren en declaraciones falsas, actos fraudulentos y abuso de autoridad en los juicios laborales, pero el tema sigue atorado.

En 2013, Eduardo Almaguer, entonces secretario del Trabajo, identificó a 66 abogados involucrados en estas prácticas, conocidos como “talibanes”. El problema es que ninguno está en la cárcel.

En ese año, en sólo 650 juicios encabezados por éstos se calculó una afectación de más de mil millones de pesos contra empresarios, asociaciones civiles y hasta organismos públicos descentralizados (como el SIAPA, que sigue demandado por despidos “injustificados” por 150 millones de pesos). Por eso la urgencia de reformar el Código Penal, porque en 2014 estos litigantes tenían en sus manos tres mil casos.

“Lo lamento (el freno a la iniciativa)”, indica Héctor Pizano, nuevo secretario del Trabajo, quien conoce del tema porque es diputado con licencia y fue presidente de la Comisión de Justicia: “Esta iniciativa fue presentada con una gran preocupación porque atenta contra empresarios, que pueden perder su patrimonio cuando se aprovechan los abogados por los vacíos existentes”. ¿Quién la frenó?, se le cuestiona: “La Comisión de Justicia la subió al pleno (del Congreso) y se aprobó por unanimidad… y debió aprobarse en segunda lectura el jueves pasado, pero desgraciadamente fue bajada por petición de Hernán Cortés (presidente de la Comisión de Puntos Constitucionales) porque quería hacerle observaciones. Ya no estaba yo en el Congreso”.

Pizano fue entrevistado el pasado martes y confió en que se aprobaría la reforma en la sesión extraordinaria de ese día. No ocurrió. En cambio, el panista Hernán Cortés pidió licencia para brincar próximamente a la Cámara de Diputados.

Sobre la iniciativa, en el caso de los delitos de abogados, patrones o litigantes, se propuso de uno a tres años de prisión e inhabilitación hasta por dos años a quien manipule, borre, oculte, sustraiga, sustituya o dañe las actuaciones, pruebas o documentos en algún juicio; también a quien simule actos jurídicos o altere elementos de prueba para obtener un beneficio que derive en perjuicio de alguien, o por alegar a sabiendas de hechos falsos o por aportar testigos falsos.

El tema es un pendiente para la presente Legislatura y también es una oportunidad contra los “talibanes” porque Eduardo Almaguer tiene la responsabilidad de integrar debidamente, ahora como fiscal general, las averiguaciones previas iniciadas por las 26 denuncias penales que él mismo presentó contra estos abogados como secretario del Trabajo.