Determinan violación de derechos humanos en caso de niña-mamá

GUADALAJARA, JALISCO (24/OCT/2013).- Diversos servidores públicos faltaron a su tarea como autoridad en el caso de una niña de nueve años, de Ixtlahuacán de los Membrillos, que dio a luz en el Hospital General de Occidente, consta en la Recomendación 39/13 de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).
 
La Comisión determinó que las irregularidades cometidas por los funcionarios derivaron en la violación de los derechos de la niñez, la legalidad, la seguridad jurídica y protección a la salud de la menor de edad.
 
En principio, médicos del nosocomio referido, mientras atendían a la menor, le implantaron un anticonceptivo subdérmico a la niña, sin una clara y adecuada consejería; incluso fue ella misma quien firmó como otorgante y no la persona que ejerce su patria potestad.
 
Por ello, el presidente de la Comisión, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián, pidió al secretario de Salud, Jaime Agustín González, que capacite al personal de la dependencia que encabeza, para que recabe el consentimiento informado de los pacientes, con base en los lineamientos establecidos en la norma oficial del expediente clínico.  
 
Durante las investigaciones de la CEDHJ, se confirmó que personal del Registro Civil de Ixtlahuacán de los Membrillos elaboró, con "serias deficiencias legales", un acta de nacimiento extemporánea en noviembre 2011, en la que se consignaba que la menor de edad había nacido en 2003. El oficial del Registro Civil, Juan Carlos Fernández Rojas, advirtió contradicciones entre los testigos presentados por la madre, pero "indebida e ilegalmente" firmó el acta sin poner atención en los documentos.
 
También hubo errores en el expediente administrativo que integró el entonces director jurídico del DIF municipal, Diego Beltrán González, pues omitió sustanciar un procedimiento como lo señala la Ley del Registro Civil. Aunado a ello, el personal de esta oficina no se aseguró de que el espacio familiar de la niña estaba libre de violencia física o abuso sexual.
 
Por otra parte, los agentes del Ministerio Público Bertha Patricia Murillo Mojarro y Guillermo García Caballero incurrieron en omisiones que pusieron en riesgo la integridad y seguridad de la menor de edad, al no decretar su aseguramiento y permitir que continuara en el domicilio donde había sido abusada sexualmente.
 
Los funcionarios pretendieron justificarse con la interpretación de un peritaje en el que, según ellos, no se configuraba el síndrome de niño maltratado; sin embargo, la verdadera conclusión del perito fue que estaba imposibilitado para emitir el dictamen  debido a que faltaba una investigación de campo por parte de trabajo social y del área psicológica.
 
Por ello es que la la CEDHJ también recomendó al presidente municipal de Ixtlahuacán de los Membrillos, Sergio Ramón Quintero González, que inicie procedimiento administrativo en contra del oficial del Registro Civil, de la entonces directora del DIF, y de la trabajadora social adscrita a esa dependencia.
 
Al fiscal central de Estado, Rafael Castellanos, sugirió que inicie procedimiento administrativo en contra de los agentes del Ministerio Público involucrados y que repare los daños ocasionados mediante la atención del personal en psicología adscrito a esa fiscalía.
 
Para la Comisión, las dependencias gubernamentales deben crear e implementar un manual estatal para la protección de datos personales en el que se fijen las directrices y principios de cómo deben actuar los servidores públicos con relación al uso adecuado, manejo responsable y transmisión autorizada de la información.   
 
Lo anterior, debido a que hubo notas periodísticas, y entrevistas otorgadas por servidores públicos, en las que se revelaron datos personales de la niña y sus familiares, como nombre, domicilio y fotografías de su domicilio.