Contratarán hasta 500 policías nuevos para Seguridad estatal

GUADALAJARA, JALISCO (30/ENE/2013).- Ante el cese de cuatro mil policías, que reprobaron las pruebas de control y confianza en Jalisco, la coordinadora de Seguridad en el equipo de transición del gobernador electo, Ruth Gallardo Vega, comentó que habrá nuevas contrataciones y que entre 400 y 500 elementos se sumarán a la Secretaría de Seguridad Pública del Estado.

Estos nuevos policías tendrán el perfil sugerido por el Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), pues “no se puede contratar a un policía que no pasó los controles de confianza”.

Las contrataciones evitarán la disminución del personal operativo patrullando las calles, tras ventilarse las cifras de agentes considerados “no aptos”. “Habrá mayor cobertura en presencia de personal, operativo, y en infraestructura”, ya que se cuenta con presupuesto, aclaró Gallardo Vega.

El equipo de transición desarrolla estrategias para seguir a los elementos que salen de las corporaciones, “sin transgredir sus derechos, pero tiene que haber seguimiento permanente”.

Por su parte, el secretario de Seguridad, Luis Carlos Nájera, ha mencionado a medios informativos que ahora tendría que “distraerse” a policías en activo para cuidar a los agentes cesados, y que eso está generando un “círculo vicioso”. Esto, en alusión a lo ocurrido en Tlajomulco, donde un ex policía, cesado tras reprobar, fue detenido como responsable confeso de matar a un comandante e involucrarse con la delincuencia organizada.

La coordinadora de Seguridad detalló que se desarrollan alternativas para que el cese de los no aptos no impacte a la sociedad, incluso “pudiera ser” la recolocación o “generar convenios para conseguir algún otro tipo de empleo”. Otra opción es mirar a la iniciativa privada.

EL FINIQUITO NO ES OBLIGACIÓN: EXPERTOS
Los municipios no previnieron los despidos

Aunque los municipios no están obligados a dar indemnización a los elementos despedidos que no aprobaron la certificación policial, pues se trata de una expulsión justificada, omitieron prevenir qué iban a hacer con dichos desempleados y las consecuencias de esto, explicó el especialista en derecho Gerardo de la Cruz, de la Universidad Panamericana.

“Están siendo despedidos con causa justificada y, si acaso alguno de ellos se inconforme, tendrá que ser mediante un juicio de amparo porque la ley no prevé ningún recurso ordinario, aun cuando la resolución de amparo sea favorable en ningún supuesto va a ser reintegrado a su labor”.

Según el marco normativo, lo que se puede lograr con un juicio de amparo es una indemnización de tres meses de salario, además de 20 días por cada año de trabajo y las partes proporcionales de vacaciones y aguinaldo.

De la Cruz subrayó que proyectos como el control de confianza deben manejarse como un programa integral que implique dar seguimiento a las personas despedidas.

Por su cuenta, Jaime Hernández Ortiz, doctor en Ciencias Sociales por El Colegio de Jalisco, opinó que la ola de despidos a policías tiene tintes políticos, pues están en coyuntura renovaciones de plazas con los cambios de administraciones. Reubicarlos en otras áreas de la función pública no resolverá el problema y será una solución de forma, mas no de fondo, pues se emplearía a alguien con conocimientos y aptitudes distintas.

Una vía, sugirió el académico, es garantizar una carta de recomendación a quienes resulten despedidos —sin incluir a quienes tengan nexos con la delincuencia— para que puedan reintegrarse a la actividad económica.

CRONOLOGÍA
Momentos clave

2009

Con la entrada en vigencia de la Ley General del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), comenzó la estrategia para fortalecer la profesionalización de policías.

2010

Jalisco cerró 2010 con retraso en materia de certificación.En diciembre de ese año no se había aprobado el centro de evaluación y control de confianza en el Estado.  En 2010, sólo se habían aprobado centros de control en el Distrito Federal, Baja California, Sinaloa, Guanajuato, Nuevo León, Estado de México y Tamaulipas

Octubre de 2011

La Secretaría de Seguridad Ciudadana de Guadalajara anunció que en noviembre arrancaría un programa para la depuración profunda del cuerpo policial.

Mayo de 2012

El Consejo Estatal de Seguridad Pública (CESP), informó que ya iban unos tres mil 700 elementos examinados por este mecanismo en Jalisco, de los cuales 25% obtuvo resultados negativos en las pruebas.

Octubre de 2012

Se presentaron los informes elaborados por el Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, los cuales señalaban que casi 30 mil policías habían reprobado las pruebas de control de confianza, pero no habían sido cesados.

Enero de 2013

El Consejo Nacional de Seguridad Pública propuso una reforma a la Ley General del Sistema de Seguridad Pública para dar un año más de plazo —es decir, todo 2013— para la certificación y acreditación de los cuerpos policiales.

DENUNCIAS PENALES, MENOS VIABLES
Recomiendan a los “no aptos” la vía civil

Expertos coinciden en que es “complicado” que prosperen las 11 denuncias penales que hasta el lunes fueron interpuestas por policías que reprobaron las pruebas de control de confianza, por inconformidades con su aplicación; uno de ellos valora que la vía civil y otros mecanismos podrían ser más factibles.

Para el doctor en Ciencias Forenses Alfredo Rodríguez, es “difícil que puedan prosperar las demandas penales. Más bien sería la parte civil y laboral, la de derechos humanos, la que debería de abocarse (…) lo que se debe denunciar es una situación de posible violación de sus derechos”.

La vía penal parece menos viable: A menos de que haya habido dolo, que el Ministerio Público haya detectado algún tipo de irregularidad en los exámenes o una línea de que indicaran reprobar a agentes y que se descubra que haya una inducción: ahí sí se puede acreditar la posibilidad de un delito, que tiene que ver con el abuso de poder entre los directivos”.

Indica que habría que interponer un juicio civil “para la cuestión de su reinstalación, ante el Tribunal de lo Administrativo, para ver si (el proceso de evaluación) estuvo adaptado conforme a derecho”.

Por su parte, y bajo la advertencia de desconocer el contenido de las denuncias, el penalista Joaquín Adrián Xamán Mc Gregor dijo que estima “muy complicado que desde un punto de vista técnico lleguen a prosperar. Para mí se trataría más de un tema de carácter político-mediático, para hacer un poco de balance a la presión que están recibiendo los elementos por los exámenes”.