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Sábado, 16 de Diciembre 2017
Jalisco | Emite recomendación a más de un año de la tragedia de Iris

CEDHJ pide reparar daños a Tonalá por múltiple homicidio

Tras la deficiente atención brindada por cuatro funcionarios, cinco integrantes de una familia murieron el 31 de agosto de 2007: Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO.- El Ayuntamiento de Tonalá tiene una deuda pendiente con la tapatía Iris Angélica Martínez Larios. Ayer, luego de más de un año de investigaciones, la Comisión Estatal de Derechos Humanos de Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 28/2008, dirigida al presidente municipal Agustín Ordóñez Hernández, a quien le pide iniciar procedimientos administrativos contra cuatro servidores públicos. El organismo acredita actuaciones omisas de los empleados ante las llamadas de auxilio de Martínez Larios, quien denunció reiteradamente la extrema violencia intrafamiliar que vivía, emanada de su concubino Manuel González Álvarez.

Pero lejos de salvaguardar su integridad, los servidores públicos minimizaron los riesgos. El resultado: el agresor terminó por asesinar a balazos a tres hijos (menores de edad), y a la madre de Iris Angélica, el pasado 31 de agosto de 2007.

El presidente de la CEDHJ, Felipe de Jesús Álvarez Cibrián fue contundente durante la rueda de prensa ofrecida ayer: “María de la Luz Arelis Gómez, y Guillermo Pérez Márquez, trabajadora social y abogado de guardia, respectivamente, de la Dirección de Seguridad Pública de Tonalá; María Elena Becerra Pérez, adscrita a la Dirección de Servicios Médicos Municipales de Tonalá, y Carlos Alberto Padilla Morales, licenciado de psicología del DIF de Tonalá, por omisión violaron los derechos humanos de la pareja del agresor”. Y puntualiza cinco recomendaciones para el primer edil de Tonalá:

Primera: “Que inicie procedimiento administrativo contra los servidores públicos, para determinar la responsabilidad que les pueda resultar con motivos de los hechos que originaron esta queja”.

Segunda: “Indemnice a la agraviada, como reconocimiento de la responsabilidad de los servidores públicos y de la administración a la que pertenecen (…) independientemente de su posible responsabilidad administrativa, civil o penal”.

Tercera: “Con la finalidad de resarcir en sus derechos a la víctima de los actos de atención indebida del servicio público, disponga lo necesario para que a la agraviada se le otorgue un tratamiento integral para su rehabilitación física, y sea canalizada para que reciba atención psicológica durante el tiempo necesario para superar el trauma y daño emocional; o en su caso, el Ayuntamiento solvente los servicios de un profesionista particular”.

Cuarta: “Otorgue la capacitación correspondiente al personal a su cargo para que realice sus funciones con la debida eficiencia, así como para que tenga el conocimiento de los alcances legales que pudieran desprenderse de las diferentes leyes que estén obligados a observar con motivo de sus funciones; esto con el objetivo de que en lo sucesivo no se repitan los actos u omisiones que pudieran vulnerar derechos humanos”.

Cinco: “Ofrezca una disculpa pública a la agraviada donde exprese el compromiso institucional de realizar acciones para que no se repitan hechos de la misma naturaleza”.

El ombudsman jalisciense también incluye observaciones dirigidas a Tomás Coronado Olmos, procurador de Justicia de Jalisco:

“Se le da vista a efecto de que determine la probable responsabilidad penal que les pueda resultar a los servidores públicos involucrados en los hechos que originaron esta queja”. También involucra a Magdaleno Varela Maldonado, director del Consejo Estatal para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar (Cepavi):

“(Que) promueva y agilice a la brevedad la homologación de criterios del protocolo único para la detección, atención, prevención y tratamiento de la violencia intrafamiliar. Asimismo, que los convenios institucionales sean aplicados adecuadamente por el personal que conozca de asuntos de violencia intrafamiliar, y se dé capacitación para evitar malos manejos y la descoordinación laboral”.

Una vez recibidas estas recomendaciones, enfatiza Álvarez Cibrián, las autoridades deben informar de su aceptación en el término de 10 días naturales y, de ser afirmativa la respuesta, acreditar su cumplimiento dentro de los 15 días siguientes.

Por su parte, el alcalde de Tonalá, Agustín Ordóñez Hernández reportó ayer actividades privadas, encabezadas por la gira en Jalisco del Presidente Felipe Calderón. Sin embargo, adelantó en entrevista vía telefónica: “Como municipio no tendremos ningún problema para sancionar a los funcionarios públicos por omisión. Esperamos que la recomendación llegue a la dirección jurídica para iniciar una investigación de responsabilidades, que les otorgue voz y audiencia a los funcionarios involucrados; pero ante cualquier anomalía, no habrá impedimento para que se castigue”.

Cuando se le preguntaría del resto de las recomendaciones de la CEDHJ, se cortó la llamada telefónica. El alcalde ya no fue localizado durante la tarde-noche.


La tragedia…


Iris Angélica Martínez Larios nació en Guadalajara un 28 de junio de 1971. A sus 17 años, en Colima, contrajo nupcias con Federico Rangel. Luego de tres años de matrimonio, y en medio de tribulaciones, vinieron al mundo dos hijos: Nitzy Angélica y Axayácatl. Pero Iris no soportó los engaños de su pareja con otras mujeres, por lo que decidió separarse. En 1999 regresó a su ciudad natal, en donde conoció en una factoría de embobinados y transformadores a Manuel González Álvarez. Su estrategia para conquistarla fue impecable. Manuel la convenció de vivir juntos en el año 2000. Todo marchaba bien hasta que fueron despedidos de la fábrica en noviembre de 2004, periodo en que nacieron dos hijos de la pareja: Citlali Andrea y Nicolás Tonatiuh. Desde esa fecha su vida cambió. Se sumó a la lista de mujeres víctimas de extrema violencia intrafamiliar en México. Durante los tres años siguientes, la tapatía vivió agresiones verbales y físicas, incluyendo amenazas de muerte, por parte de su pareja, así como inestabilidad laboral.

En 2005, Iris huyó a Colima, pero fue localizada por Manuel: “Si no regresas, uno por uno los verás caer… y después seguirás tú”, fue la advertencia del agresor. El amago la obligó a regresar; su plan era soportar las agresiones; así Manuel no lastimaría a sus familiares. Tenía la ilusión de que las cosas cambiarían, pero en los últimos meses de ese año aumentaron las humillaciones y los golpes. A partir del 4 de abril de 2007, Iris solicitó ayuda para salir de la extrema violencia a funcionarios de las direcciones de Seguridad Pública, de Servicios Médicos y del DIF del Ayuntamiento de Tonalá. De nada sirvieron las llamadas de auxilio.

El 31 de agosto, cuando intentaba huir de nueva cuenta, el agresor asesinó a balazos a sus hijos Citlali Andrea (de cuatro años), a Nicolás Tonatiuh (de tres años) y a Nitzy (de 17 años), quien tenía ocho meses de embarazo y luchó hasta la muerte para que naciera el pequeño Fernando José. Evangelina Larios, madre de Iris, también fue asesinada. Iris recibió un tiro en el abdomen, pero sobrevivió tras semanas de hospitalización.
El agresor, después del múltiple homicidio, se suicidó.


Las omisiones acreditadas*:


María de la Luz Arelis Gómez: “Fue omisa al no enviar a la pareja para que recibieran apoyo institucional y técnico; no remitió un reporte al Cepavi, y tampoco solicitó apoyo a otras instituciones públicas o privadas que pudieran colaborar con las autoridades competentes, lo cual pudo salvar la vida de cinco personas (los tres menores, la abuela de éstos y la del propio agresor)”.

Guillermo Pérez Márquez: “No salvaguardó el derecho a la integridad y seguridad física de la quejosa, ni atendió su solicitud de protección; tampoco denunció los hechos ante el Ministerio Público”.

María Elena Becerra Pérez: “Minimizó el problema de violencia intrafamiliar, ya que no sólo omitió los hechos ante el Ministerio Público, sino que de manera infundada le dijo a la agraviada que para denunciar necesitaba heridas que tardaran más de 15 días en sanar, o tres partes médicos de lesiones para que le hicieran caso”.

Carlos Alberto Padilla Morales: “No aplicó la entrevista conforme a la Norma Oficial Mexicana y a la Ley para la Prevención y Atención de la Violencia Intrafamiliar; no elaboró una historia clínica en la que anotara, entre otros puntos, los antecedentes que le pudieran haber permitido diagnosticar el caso de violencia intrafamiliar, así como una valoración del grado de riesgo en que convivía la pareja.

* Resumen de la investigación de la CEDHJ.



Por: Mario Alejandro Muñoz de Loza

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