A paso lento la divulgación del 3de3 en funcionarios de Jalisco

GUADALAJARA, JALISCO (04/ABR/2016).- Las declaraciones patrimoniales, de intereses y fiscal siguen siendo un enigma en los municipios de San Pedro Tlaquepaque, Tonalá y El Salto.

Además, en el Congreso del Estado apenas se han unido a la iniciativa 14 diputados de los 39 que tiene el  Legislativo. Tampoco hay registro de que funcionarios del Poder Judicial  se hayan unido.  

En el Gobierno del Estado siguen haciendo el análisis para presentar la iniciativa que obligue a los funcionarios a mostrar dichos documentos.

El próximo 1 de abril se cumplen los primeros seis meses de que las administraciones municipales de Guadalajara y Zapopan han cumplido con este tema, aunque no dentro de la plataforma, sino en sus propias plataformas. En Tlaquepaque, municipio gobernado por María Elena Limón, la primera alcaldesa en la ZMG no ha publicado sus declaraciones ni tampoco personal de su gabinete.

Los alcaldes de Guadalajara y Zapopan Enrique Alfaro Ramírez y Pablo Lemus Navarro, respectivamente, habilitaron un apartado en la página de transparencia del municipio para que cualquier persona pueda descargar los documentos de ellos, de los regidores y además del personal directivo de cada administración municipal.

El Salto y Tonalá, que continuaron bajo gobiernos extraídos del Partido Revolucionario Institucional (PRI), no se han publicado documentos que manifiesten su adhesión a la iniciativa de Transparencia Mexicana y el Instituto Mexicano para la Competitividad.

En la plataforma electrónica 3de3, de los propios promotores de la iniciativa, los diputados locales por Jalisco son los funcionarios que más han apoyado la iniciativa.

Sin embargo, son apenas 14 de los 39 que conforman la actual legislatura. Se trata de 11 diputados de Movimiento Ciudadano, uno del Partido Revolucionario Institucional, una diputada del PRD y el independiente Pedro Kumamoto.

Pese a que son ciudades medias y cuentan con los recursos electrónicos para hacerlo, hay municipios que siguen sin agregar la información a sus portales, como Puerto Vallarta, Ciudad Guzmán, Tequila, Ocotlán o Lagos de Moreno.

Apenas el pasado 17 de marzo, un grupo de personas entregaron más de 291 mil firmas al Senado de la República con la intención de modificar la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, para obligar a los funcionarios a presentar estos tres documentos al momento de que empiezan a laborar en el sector público. Se espera que esta propuesta sea incluida en las discusiones por el nuevo Sistema Nacional Anticorrupción