La justicia de Estados Unidos sacudió los cimientos de la política mexicana este miércoles 29 de abril de 2026 al acusar formalmente al gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, de conspirar activamente con el Cártel de Sinaloa. Inmediatamente después del anuncio en Nueva York, los usuarios de redes sociales revivieron un video polémico que muestra al expresidente Andrés Manuel López Obrador defendiendo a capa y espada al mandatario estatal. El video del expresidente López Obrador, que de inmediato se viralizó en redes sociales, desató un vendaval de críticas contra Morena, y es que muchos disidentes aseguran que en este material quedan claras las contradicciones de un discurso que prometía erradicar la corrupción mientras abrazaba a figuras bajo sospecha internacional. Durante las intensas campañas electorales de 2018 y 2021, López Obrador actuó como el principal promotor de Ruén Rocha Moya, allanando su camino hacia el poder. El material audiovisual que hoy inunda internet muestra al entonces Presidente levantando la mano de Rocha Moya frente a multitudes y pidiendo el voto ciudadano con la contundente frase: "Se los recomiendo mucho". Aunque las encuestas internas del partido Morena no favorecían del todo al candidato, el propio gobernador confesó tiempo después que su postulación nació de una decisión directa y personal de López Obrador. Esta imposición política, cimentada en una estrecha amistad, hoy rinde cuentas ante una corte federal en Nueva York, dejando al descubierto los riesgos de gobernar mediante lealtades ciegas. El escándalo actual hunde sus raíces en los tensos eventos de agosto de 2024, cuando el narcotraficante Ismael "El Mayo" Zambada declaró mediante una carta que viajó a una reunión con Rocha Moya el mismo día que agentes estadounidenses lo capturaron. Lejos de marcar distancia o exigir una investigación independiente, López Obrador y su sucesora, Claudia Sheinbaum, cerraron filas inmediatamente en torno al gobernador sinaloense. En aquel momento crítico, el expresidente felicitó públicamente a Rocha Moya por "dar la cara" y negó cualquier complicidad institucional. Hoy, esa postura presidencial choca frontalmente con las pruebas contundentes que los fiscales estadounidenses presentaron sobre la red de protección que el gobierno de Sinaloa brindó a la violenta facción de "Los Chapitos". Las autoridades estadounidenses construyeron este caso meticulosamente durante años, rastreando redes de corrupción y sobornos millonarios que facilitaron el tráfico masivo de fentanilo hacia su territorio. Este evento representa el clímax de una investigación exhaustiva que cobró fuerza tras la captura de capos clave y la recolección de testimonios que vinculan a diez altos funcionarios sinaloenses con el crimen organizado. Casos similares en el pasado, como el del exsecretario Genaro García Luna o el general Salvador Cienfuegos, demuestran que la justicia de Estados Unidos opera con tiempos propios y estrategias calculadas. Los fiscales arman expedientes herméticos y acumulan pruebas irrefutables antes de lanzar acusaciones formales. En términos legales, una acusación de este calibre significa que el Departamento de Justicia posee evidencia contundente, testigos cooperantes y registros financieros suficientes para buscar una condena severa en los tribunales. JM