En el marco de la historia legislativa de México, existe un dato fundamental que suele pasar desapercibido: el país fue pionero en América Latina al eliminar las sanciones penales contra las relaciones sexuales consentidas entre personas del mismo sexo. Este avance jurídico ocurrió hace más de 150 años, marcando un precedente que hoy es analizado por especialistas como un punto de inflexión en la lucha por los derechos humanos.Durante el gobierno de Benito Juárez, el sistema jurídico mexicano dio un paso adelante al promulgar el Código Penal de 1871. A diferencia de otras naciones de la región que mantenían leyes coloniales o basadas en la moral religiosa, México optó por eliminar de su marco legal las sanciones explícitas que criminalizaban la homosexualidad.Este cambio representó una ruptura con el pasado y colocó a México en una posición de vanguardia en cuanto a la despenalización en América Latina, estableciendo una base legal que, al menos en la letra de la ley, dejaba de perseguir la vida privada de sus ciudadanos.A pesar de este progreso legal, historiadores y expertos del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) subrayan que la ausencia de criminalización no se tradujo automáticamente en aceptación social.Tras la reforma de 1871, el Estado y la sociedad civil encontraron nuevas formas de control. A través de figuras jurídicas ambiguas, tales como los “ultrajes a la moral” y las “buenas costumbres”, se mantuvo una vigilancia constante sobre las disidencias sexuales. Estas herramientas fueron utilizadas para seguir regulando y castigando a quienes no se ajustaban a los cánones heteronormativos de la época.La historia de la diversidad sexual en México demuestra que la conquista de derechos no ha seguido una línea recta. La transición entre lo que dictaba el papel y lo que ocurría en la vida cotidiana ha sido un terreno de resistencia constante.Para las instituciones encargadas de preservar la memoria histórica, recordar estos episodios es fundamental para comprender que los avances jurídicos son, a menudo, solo el inicio de procesos mucho más complejos. La lucha por la igualdad y la libertad de existir continúa siendo un eje central en la construcción de una sociedad que aspira a ser verdaderamente inclusiva, reconociendo que la legalidad es apenas el punto de partida hacia el ejercicio pleno de la dignidad humana.Esta nota fue redactada con ayuda de inteligencia artificial y revisada por un editor con información del INAH*** Mantente al día con las noticias, únete a nuestro canal de WhatsApp ***OA
