El grupo parlamentario de Morena en la Cámara de Diputados presentó una iniciativa de reformas a la Ley de Disciplina Financiera de las Entidades Federativas y los Municipios, para permitir transitoriamente que esos niveles de gobierno puedan reestructurar deudas, ampliar su techo de endeudamiento, o usar recursos destinados a seguridad o servicios personales para atender la emergencia sanitaria por coronavirus.También se permite a estados y municipios usar recursos del Fondo de Recursos para Desastres Naturales (Fonden) cuando exista una declaratoria de emergencia o contingencia sanitaria y se prevé que esos gobiernos puedan usar "recursos adicionales" a los presupuestados en materia de servicios personales y gasto corriente para enfrentar la contingencia.La iniciativa fue formalizada por el líder de los diputados de Morena, Mario Delgado, y el senador Alejandro Armenta Mier y según la exposición de motivos, se busca ampliar márgenes de acción a los gobiernos estatales y municipales para atender las consecuencias de salud y económicas del COVID-19.Entre los 10 artículos transitorios de la propuesta se plantea que "la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, como caso de excepción, podrá determinar el porcentaje de techo de financiamiento adicional al que podrán acceder las Entidades Federativas con base en el impacto económico derivado de la contingencia sanitaria en el año 2020 y previo análisis de sus finanzas públicas".Según la propuesta, ante situaciones de emergencia sanitaria las entidades podrán usar recursos presupuestados para servicios personales, en materias de salud y "servicios personales para la atención de contingencias sanitarias"- es decir el pago de personal sanitario, lo que hace unos días autorizó el gobierno federal- y seguridad pública.Otros cambios plantean aumentar la posibilidad de endeudamientos estatales para proporcionar servicios o construir infraestructura y podrán negociar disminución en el plazo del financiamiento con las Instituciones financieras, acordar 6 meses adicionales para el pago de capital y de intereses de adeudos de gasto corriente (cortos plazos) y para financiamientos de largo plazo.Pero dentro de los cambios se incluye que los gobiernos estén exceptuados de realizar licitaciones públicas cuando las entidades o municipios "se celebren al amparo de programas federales o en los que los Estados y Municipios suscriban convenios con el Ejecutivo".En tanto, los financiamientos que se encuentren respaldados por asistencia técnica de organismos internacionales de desarrollo y busquen promover el desarrollo económico, "estarán exceptuados de realizar un proceso competitivo" es decir, también podrán exceptuarse de licitación.NR
