Aunque el dictamen votado este jueves en el Senado de la República para expedir la Ley Federal para la Regulación del Cannabis es lo mejor que pudo legislar en las actuales condiciones, no debió sancionarse la posesión de la marihuana, expuso Zara Snapp, integrante de Instituto RIA, organización enfocada en la promoción de políticas públicas dentro de la justicia social.De acuerdo al documento, se contemplan multas que van de cinco a once mil pesos por la portación de 28 a 200 gramos de la droga.“No debería ser un delito poseer una cantidad de sustancia, sino que el Estado debería comprobar que hay alguna otra intención de cometer otro delito, pero la posesión simple no es suficiente. Para nosotros eso es lo peor que tiene la ley”.Explicó que la aplicación de multas ni siquiera llegarán a las arcas del estado, sino que se convertirán en oportunidades de extorsión que se aplicará en contra de las personas.“Si las policías saben que hay una multa por 10 mil pesos por consumir en la vía pública, entonces te van a pedir ocho mil pesos y esa es una forma de contribuir a la corrupción y extorsión que sufrimos como sociedad de forma diaria. Para nosotros es crucial eliminar esas oportunidades para la extorsión”Otros aspectos que pueden constituirse violatorios de los derechos humanos y que Snapp consideró que pueden motivar amparos es el condicionar el número de plantas que puede poseer una persona para el autocultivo dentro de su vivienda (se modificó la ley para permitir seis para una persona y hasta ocho ejemplares por casa habitación).“Eso es porque la mayoría de los legisladores legislan desde un lugar de miedo, de prejuicio y desconocimiento de la planta, de sus efectos, de no entender qué significa regular. Ellos piensan que tener una planta en tu casa significa ponerlo en riesgo”.También el que se limite a las asociaciones para consumo a contar solamente con 20 miembros por grupo, lo que a juicio de Snapp restringe el derecho a la asociación. No obstante, hay tres aspectos positivos que destacó en la ley: el que haya licencias exclusivas para el campo, pues 40 por ciento de las licencias de cultivo irán para esos grupos. “Si como sociedad llenamos esas licencias con comunidades que quieren transitar a un mercado legal, pueden aumentar ese porcentaje”.El segundo punto es que dichas comunidades tienen la capacidad de aprovechar todo el mercado, desde el cultivo, producción, traslado y comercializar, así como exportar e importar, pues pueden obtener todas las licencias que se exigen para cada actividad, lo que no pueden las empresas.“No vamos a tener empresas enormes que controlan toda la cadena de producción y que tengamos tres o cuatro empresas que abastecen a todo el país. Nuestra esperanza es que sean muchos cultivadores, muchas comunidades que se suman”.Finalmente, que se crea un instituto exclusivo para la regulación de la marihuana, pues las instituciones actuales ya están corrompidas.Otra de las objeciones fue que no se separó la regulación del cáñamo, pues se incluyó en la misma ley pese a ser un producto completamente distinto que no tiene relación con la sustancia psicoactiva del cannabis.NR
