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Viernes, 20 de Septiembre 2019

Juicio a una época

La Estafa Maestra puede ser un antes y un después para el combate a la corrupción en México

Por: Enrique Toussaint

El peñanietismo se doctoró en dicha arquitectura del saqueo y la Estafa Maestra es su máxima representación. EL INFORMADOR / E. Victoria

El peñanietismo se doctoró en dicha arquitectura del saqueo y la Estafa Maestra es su máxima representación. EL INFORMADOR / E. Victoria

La corrupción siempre es una trama que involucra al menos a dos personas. Algunas menos complejas: acordar con un tránsito el costo de la libertad o agilizar un trámite en una oficina burocrática. Otras un poco más: los moches, las licitaciones amañadas, la compra de políticos, los concursos públicos simulados. En la medida en que han avanzado las legislaciones que cierran espacio a actos de corrupción, los mecanismos para torcer la normativa se han vuelto más sofisticados. Pasamos de aquella idea de la corrupción, muy bien reflejada en “La Ley de Herodes”, en donde el funcionario que toma el dinero del cajón y se lo mete al bolsillo, a una planificada arquitectura del saqueo que involucra a la iniciativa privada, políticos, empresas trasnacionales, facturación fantasma, universidades y un larguísimo etcétera. Y, por obvias razones, entre más candados tenga la ley, el corrupto debe involucrar a más gente para poder desviar los recursos públicos.

El peñanietismo se doctoró en dicha arquitectura del saqueo y la Estafa Maestra es su máxima representación. La trama nos remonta a febrero de 2013, recuerde usted, la administración de Enrique Peña Nieto tenía tres meses de haber comenzado. Las reformas estructurales opacaban cualquier narrativa alternativa. Los medios internacionales más potentes hablan del joven presidente mexicano, pragmático y reformista. Tras esa fachada de Gobierno moderno y transformador, se escondía un voraz grupo político-económico. Las señales fueron visibles desde la campaña. Un par de colaboradores de Javier Duarte, gobernador de Veracruz en aquél entonces, fueron detenidos en Toluca, en enero de 2012, cargando un maletín con 25 millones de pesos en efectivo. Las explicaciones de Duarte y sus funcionarios de la Tesorería Estatal fueron aún más ridículas que el hecho en sí mismo.

Revisar a fondo los señalamientos de la Auditoría Superior de la Federación es compilar una serie de nombres íntimamente ligados al ex presidente de la República. Emilio Lozoya, director de Pemex; Rosario Robles, secretaria de Desarrollo Social; Alfredo del Mazo, titular del Banco Nacional de Obras; Gerardo Ruiz Esparza, secretario de Comunicaciones y Transportes. Y, también, José Antonio Meade, ex candidato a la Presidencia de la República, relevo de Robles en SEDESOL y secretario de Hacienda. Todos utilizaron, en más de una ocasión, la triangulación de recursos federales a través de universidades y entes públicos, no sujetos a las duras legislaciones federales, para contratar empresas fantasmas que servían de intermediarios para desviar el dinero. No parece una arquitectura muy compleja, pero en la práctica sí supone involucrar a una gran cantidad de personas, instituciones y empresas para desviar más de siete mil millones de pesos. Y, sobre todo, que no te cachen.

El peñanietismo decidió ignorar los señalamientos de la ASF y proteger al séquito de leales que permitieron el saqueo. El auditor Juan Manuel Portal puso al tanto, al Presidente de la República y a los secretarios involucrados, del fraude que se orquestaba en sus narices. En lugar de hacer todo lo necesario para dar con los culpables, el Gobierno de Peña Nieto decidió, desde 2015, amenazar al auditor con una posible destitución. Juan Manuel Portal demostró que sí hay instituciones que funcionan, y una de ellas es la vigilante del uso de los recursos públicos federales. Sin embargo, antes de concluir su periodo el último día de 2017, Portal logró presentar dos denuncias que son la génesis del caso que se encuentran en tribunales.

López Obrador se enfrenta a una coyuntura decisiva. Por un lado, el Presidente ha enfatizado la autonomía del fiscal Alejandro Gertz Manero para llevar la investigación sin que la política se entrometa. “Ya no es el viejo régimen”, dice López Obrador. De lograrse como lo describe el jefe del Ejecutivo, estaríamos frente a un caso en donde realmente opera un ministerio público autónomo, en donde la motivación no es política ni selectiva y las pruebas hablan más que la voluntad del Presidente. No es exagerar, estaríamos frente a un parteaguas en el sistema de procuración de justicia en el país. Y, si se jala el hilo con solvencia, no se puede descartar que la Estafa Maestra se lleve “entre las patas” a toda una generación de políticos que nació con Peña Nieto y el entorno más cercano a Carlos Salinas, y que pueden morir con el juicio. Como sucede en otras latitudes con grandes causas judiciales como Gürtel en España o Lava Jato en Brasil, los jueces deben dictar sentencia a una época entera. Es como si el peñanietismo y el grupo Atlacomulco, en pleno, se sentaran en el banquillo de los acusados.

Juicio a una época, pero con todas las garantías del Estado de Derecho. El fiscal no se puede permitir fallas en el debido proceso. Tiene que ser escrupuloso para que sea la prueba de que en México es posible desmontar tramas de corrupción atendiendo al debido proceso y al respeto a las garantías procesales. El pasado mexicano está repleto de causas políticas, grandes “quinazos” que se prenden como fuegos artificiales en la opinión pública, pero que se apagan con el paso del tiempo. Encarcelamientos para fortalecer al Presidente en turno, pero que debilitaban a todas las instituciones encargadas de combatir la corrupción.

El riesgo es ceder ante las mieles de la popularidad. Es innegable, luego de meses complicados, en donde López Obrador tuvo que tomar decisiones que le costaron, hoy tiene “el sartén por el mango”. Está desinflando todas las conspiraciones acerca de su relación con el PRI y el supuesto acuerdo con el peñanietismo. No obstante, convertir el juicio al peñanietismo en una escenificación política nos demostraría la pervivencia del viejo régimen. Incluso, la utilización de la justicia para cobrarse revanchas como los vídeo-escándalos de 2004. No es menor el cruce de caminos, la justicia selectiva de siempre frente a una auténtica causa que sacuda al país y los cimientos del sistema que agoniza.

Una máxima del presidencialismo mexicano es presidente que se va, es intocable. Sin embargo, algún día se tiene que romper esa regla no escrita que explica, en gran parte, la longevidad del partidazo. Meter a un ex presidente a la cárcel es popular, pero lo importante no es eso. Lo relevante del caso es la capacidad que tengan los fiscales para probar los niveles de podredumbre a los que llegó el peñanietismo. Dibujar esa máquina del saqueo que nació en el Estado de México y que prefirió hundir al principal partido del país antes que renunciar a sus corruptelas. Dar con el destino del dinero, en qué se usó: ¿campañas? ¿negocios? ¿patrimonios personales? ¿todo lo anterior? Importa más la justicia que la sed de venganza. Importan más los procesos que la eficacia. Importa más la solvencia que los manotazos en la mesa. Hay juicios que marcan un antes y un después en una sociedad, la Estafa Maestra puede ser uno de ellos.

Tapatío

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