La académica de la Universidad Veracruzana (UV), Estela Casados González, aseguró que se le podría iniciar un juicio político al gobernador Miguel Ángel Yunes Linares, por el incumplimiento de las recomendaciones de la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim).Tras dos Alertas de Género la especialista dijo que con la omisión del mandatario y del resto de los poderes del Estado, comprometen internacionalmente al Estado mexicano por violentar gravemente los derechos de las mujeres.En conferencia de prensa, dijo que tras la declaratoria de Alerta de Género por Agravio Comparado en Veracruz, es evidente que la autoridad minimizó la salud reproductiva de las mujeres porque no reconoció la gravedad de la falta de garantías y acceso a servicios especializados de salud.Por ello, organizaciones civiles exigieron al Poder Ejecutivo y Legislativo, comparecer ante la Cámara de Diputados y rendir cuentas sobre el incumplimiento de las recomendaciones. Advirtió que frente al retroceso de los derechos de las mujeres agotarán todos los recursos jurídicos disponibles para salvaguardar los derechos humanos de las mujeres."Acudiremos al Comité de la Convención sobre la eliminación de todas las formas de discriminación contra la mujer de la ONU". La académica acusó que las autoridades han sido permisivas con la jerarquía católica y los grupos de derecha que han amenazado constantemente para el cumplimiento de las recomendaciones de la Conavim.Exigió el cumplimiento inmediato y efectivo de la segunda declaratoria de alerta de violencia de género por agravio comparado, y garantías de que la autoridad cumplirá con la alerta con acciones y tiempos específicos."Pedimos que la CNDH genere un mecanismo de vigilancia para el cumplimiento de la alerta. Con esta segunda alerta queda evidenciada la prevalencia de los feminicidios en Veracruz, las formas y saña con las que son perpetrados; la falta de acceso a la justicia para las familias de las víctimas; el incremento de las muertes maternas entre otras violaciones que perjudican a las mujeres pobres".Congreso de Veracruz, sin obligación de acatar alerta de género: PANEl presidente de la Junta de Coordinación Política del Congreso de Veracruz y líder de la bancada albiazul, Sergio Hernández, advirtió que no están obligados a cumplir con las recomendaciones de la segunda Alerta de Género por Agravio Comparado que emitió el gobierno federal contra autoridades estatales.Anunció también que el Grupo Legislativo del PAN en el Congreso se mantendrá firme en no aumentar las causales del aborto, pues recordó que hubo una primera votación en donde se desechó. "Y ya sabemos que es un poder autónomo y colegiado", sentenció.Hubo una propuesta para aumentar las causales, presentado por la diputada de Morena, Tanya Carola Viveros Cházaro, para permitir el aborto hasta las 12 semanas de gestación, pero los legisladores panistas, junto con sus aliados electorales del PRD, decidieron desecharla sin siquiera someterla al pleno.El argumento fue que era anticonstitucional, pues la Constitución Local establece el derecho a la vida desde la concepción, de ahí que negaron analizar la reforma al Código Civil para el acceso a la Interrupción Legal del Embarazo (ILE). El legislador afirmó que mantendrán esa misma postura y aclaró que el Congreso es un poder autónomo que no está "obligado" a legislar sobre el tema."Se tiene que analizar más y si se tiene que hacer lo haremos; sin embargo, la autonomía del Poder Legislativo es única y tiene que ser respetada (…). Ya se determinó una vez la voluntad de los diputados, no creo que cambie".Entre las medidas solicitadas ahora destacan realizar la modificación al Código Penal y divulgar e implementar la Ley General de Víctimas, la Ley de Víctimas para el estado de Veracruz y la NOM 046 para la adecuada y diligente atención a víctimas de violencia sexual, garantizando el acceso a la interrupción legal del embarazo (ILE) por violación.Igualmente, se deberá garantizar que en todas las regiones del estado se cuenten con centros de salud en los que se provean los servicios seguros, oportunos, de calidad y gratuitos para la Interrupción Legal del Embarazo y que, en caso de no contar con los mismos, se asegure su canalización a aquellos en los que se presta el servicio. Y deberá contar con personal de salud no objetor de conciencia, capacitado en los métodos de interrupción legal del embarazo, tanto médicos como quirúrgicos.Sin embargo, el diputado insistió en que la declaratoria de alerta de género no obliga a la Legislatura a acatar sus "recomendaciones" y modificar la resolución de desechar el proyecto de iniciativa.SA
