La diputada local de Movimiento Ciudadano, Montserrat Pérez Cisneros, presentó un exhorto en el cual asegura que hay documentación que acredita irregularidades y un presunto acto de corrupción y nepotismo en la contratación de una asociación público-privada (APP) para la operación del rastro municipal de Tonalá.La legisladora refirió que los problemas en el rastro de Tonalá están documentados desde 2022, cuando el propio ayuntamiento registró fallas graves en el manejo de residuos, pero en lugar de llevar a cabo acciones para subsanar las fallas, el ayuntamiento abandonó el rastro previendo poder generar un negocio más adelante para la familia del primer edil, acusó.El 25 de enero de 2024, el Cabildo de Tonalá aprobó el cierre total del rastro y se avaló la exploración de una asociación público-privada con una empresa que —según se informó en esa misma sesión— ya había manifestado interés en participar: Valor de Alimentos Cárnicos, S.A., fundada en 2012.“Eso de entrada ya huele muy mal”, señaló Pérez Cisneros.La investigación de la legisladora reveló que, entre los 20 accionistas originales de Valor de Alimentos Cárnicos figuraban dos hermanos del alcalde de Tonalá. La Ley de Asociaciones Público-Privadas establece que ninguna empresa cuyos accionistas hayan tenido vínculos con el gobierno contratante en los dos años previos puede ser parte de un proceso de este tipo, refiere la legisladora.Sin embargo, los hermanos del alcalde no salieron de la empresa sino hasta 27 días después de que el propio Cabildo aprobara la APP —lo que, en los hechos, hace inoperante el requisito legal, explicó.La irregularidad más contundente se refiere a un predio denominado “El Potrero Negro”, aportado por la empresa como parte de su participación en el proyecto. El inmueble fue declarado ante notario público y ante el Registro Público de la Propiedad el 17 de abril de 2024 con un valor de dos millones 789 mil 500 pesos.No obstante, en la oferta formal de co-inversión presentada al Ayuntamiento, el mismo terreno aparece valuado en 24 millones 814 mil pesos —una diferencia de 22 millones de pesos en tan solo ocho meses, sin justificación alguna.La razón de fondo, explicó la diputada, es que la Ley de APP obliga a las empresas privadas a cubrir al menos el 35% del valor total del proyecto. Con el valor real del terreno, la empresa apenas alcanzaría el 6.5% de participación —muy por debajo del mínimo legal. Con el valor inflado, declara una participación del 41%, cumpliendo así formalmente con el requisito.En paralelo, el Ayuntamiento de Tonalá presentó en noviembre de 2025 una segunda iniciativa ante el Congreso —retirando la primera, ingresada en 2024— que incluía un dictamen del tesorero municipal en el que la aportación pública había aumentado de 17 millones a 35 millones de pesos, sin que mediara ninguna explicación técnica documentada.Ante esta situación, Pérez Cisneros presentó un exhorto que solicita al Ayuntamiento de Tonalá:1. Un avalúo pericial independiente del predio “El Potrero Negro” a valor comercial real. 2. Una acreditación fehaciente de la composición accionaria vigente de Valor de Alimentos Cárnicos. 3. Una justificación técnica del tesorero municipal sobre el incremento de la aportación pública de 18 a 35 millones de pesos. 4. La declaración pública de ausencia de conflicto de interés de todos los funcionarios involucrados en el proceso. 5. La integración del expediente completo conforme a la Ley de APP, como condición previa para reingresar la iniciativa.JM
