Aunque atiende a un promedio de 26 personas al día, el Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) cuenta con sólo dos defensores de oficio. En respuesta a una solicitud de información, vía Transparencia, la Procuraduría Social del Estado reportó esa cifra de defensores públicos adscritos al CJM.El informe detalla que uno de los abogados tiene 417 expedientes activos y el segundo, 98. De los casos que siguen, seis concluyeron con sentencia absolutoria y ninguno en condenatoria.El Centro ofrece asesorías jurídicas y recepción de denuncias de mujeres por delitos por razones de género como lesiones, violencia intrafamiliar, violación, privación de la libertad, abuso sexual infantil, abandono de familiares (obligaciones alimentarias), amenazas, hostigamiento y acoso sexual, entre otros. Este medio documentó casos como el de Jaqueline Pérez, quien acudió al CJM por el proceso de custodia de sus hijas y tardaron más de 10 horas en atenderla.“Ojalá el Gobierno ponga remedio. Necesitamos buenos abogados que de verdad defiendan a las mujeres, porque actúan hasta que nos matan... o a veces ni así”, dijo Karla Álvarez, otra usuaria del Centro que, desde agosto de 2018, denunció agresiones de su ex pareja.Este año, el CJM operó con un presupuesto de 42.4 millones de pesos; para 2020 se le etiquetaron 44 millones. Además, la Fiscalía del Estado tiene una bolsa de 4.2 millones para carpetas de investigación judiciales por el delito de feminicidio y un fondo de un millón 049 mil pesos para medidas de protección otorgadas en favor de las víctimas indirectas o testigos en feminicidios.El segundo visitador de la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ), César Orozco, afirmó que emitir un protocolo para investigar casos de violencia intrafamiliar y reforzar el servicio del Centro de Justicia para las Mujeres (CJM) son elementos básicos para prevenir que vuelva a presentarse un caso como el de Vanesa Gaytán, quien fue asesinada por su ex pareja afuera de Casa Jalisco.Luego de documentar que la víctima acudió 16 veces al CJM, en donde los funcionarios que la atendieron no valoraron adecuadamente la violencia extrema que vivía, Orozco subrayó que el espacio debe tener más personal de atención capacitado y certificado.“Es urgentísimo, es prioritario echarle un vistazo al Centro de Justicia. Que vean cómo trabajan; no se dan abasto y no están capacitados. Ellos mismos lo reconocen. Tienen mucho volumen de trabajo y no tienen un protocolo para integrar los asuntos relacionados con violencia familiar. Basta con que el fiscal vaya al Centro, vea cómo trabajan, la carga que tiene el Ministerio Público y se dará cuenta de las carencias”, comentó.Dijo que la primera vez que Gaytán acudió al CJM a denunciar, en septiembre de 2017, tardaron 12 horas en atenderla.Agregó que la falta de eficacia en las medidas de protección y de diligencia en la investigación del caso son violaciones institucionales a los derechos humanos de la víctima que se arrastraron desde la anterior administración estatal.Detalló que la recomendación 38/2019 de la CEDHJ, emitida por el caso de Vanesa, es la tercera por el asesinato de mujeres víctimas de violencia de género. Adelantó que están en proceso de integrar una cuarta.Deficiencias que se hallaron en el caso de Vanesa Gaytán:
