El proyecto para despresurizar las penitenciarías del Estado con el uso de brazaletes para reclusos se encuentra atorado debido a la revisión de la licitación del proyecto, lo que ha demorado su lanzamiento, manifestó José Antonio Pérez Juárez, director general de Prevención y Reinserción Social de Jalisco. “Ya está una partida presupuestal, precisamente todo va integrado a la despresurización. Creemos que esta semana o la próxima se está resolviendo la licitación”, explicó. La colocación de estos dispositivos se contempla como una medida cautelar alternativa a la prisión preventiva, por lo que actualmente los jueces ya presionan para que se avale el proyecto. “Los cerebros de la administración están analizando las reglas de la licitación cuando es algo tecnológico. No deberían tener ninguna traba, sin embargo, la hay”, comentó Pérez Juárez. Los brazaletes serán colocados a reclusos que tengan condiciones específicas que les permitan una medida cautelar en libertad. Esto es, que en los señalamientos que se les imputan no exista el uso de violencia; que no se hayan valido de armas en los delitos de alto impacto como secuestro o delincuencia organizada; que su delito no haya ameritado prisión preventiva oficiosa o que no exista riesgo de fuga, entre otros supuestos. El dispositivo permite el rastreo de las personas en todo momento e incluso lanzará alertas a la empresa que los operará en caso de que se acerquen a una cierta distancia de la persona o ente ofendido, lo que cancelaría la medida y se le regresaría a prisión. La principal ventaja de los brazaletes es que el costo por operar cada uno es de 160 pesos, mientras que mantener a cada recluso dentro de los penales cuesta 380 pesos, entre alimentos, servicios y sueldos de custodios y demás. Esto significa que habría ahorros en el presupuesto y se reduciría la demanda de contratar más personal. “No puede pasar de febrero sin que sea una realidad la utilización de dispositivos electrónicos para un mejor control de las personas beneficiarias de medidas cautelares y de libertades anticipadas”, comentó Pérez Juárez. El director de Reinserción Social estimó que en los siguientes cuatro años se podrían liberar casi cinco mil internos que no representan riesgo para la sociedad y que serían de monitoreados por la autoridad sin gastar demasiados recursos.Al considerar que la burocracia y los procesos administrativos en la Dirección de Prevención y Reinserción Social son inadecuados e inoperantes para atender la dinámica del sistema penitenciario y hacer frente a cualquier contingencia, las autoridades estatales preparan una propuesta para convertirla en un Organismo Público Descentralizado (OPD). “No estamos tan seguros de sostener un trabajo así si siguen resolviendo personas que no conocen de prisiones, ellos determinan qué tipo de vehículo debo necesitar, qué tipo de equipamiento, y esto es un absurdo”, declaro el titular de la dependencia, José Antonio Pérez Juárez. De convertirse en OPD, el sistema penitenciario tendría como principal beneficio una autonomía presupuestaria, donde las decisiones no se tomarán por parte de la persona al mando, sino a través de una junta de Gobierno que agilizaría los procesos. También podrían realizar adquisiciones de acuerdo a las necesidades reales de los reclusorios. Por ejemplo, Reinserción Social actualmente cuenta con vehículos de doble tracción, los cuales son innecesarios pues los trabajadores generalmente realizan sus diligencias en zonas urbanas o en carreteras, no en brechas o en los montes. También podrían actuar de mejor manera en caso de una contingencia, como el que se dañe la bomba para abastecer de agua al Reclusorio Preventivo, que alberga a cuatro mil 500 internos quienes se podrían amotinar por esta causa. “El procedimiento normal de la administración es que convoquen a licitación, que se reúnan los requisitos, dentro de 15 días elaboran la solicitud y en un mes se revisa. Están locos, nosotros en prisión tenemos problemas que disponemos de cinco minutos para resolverlos”. El director explicó que la idea surgió como parte de las propuestas de campaña del gobernador. “Había visualizado el fracaso de la tarea de reinserción por esa falta de autonomía presupuestal y operativa”. También se propondrá al Congreso estatal la desaparición de la Industria Jalisciense de Rehabilitación Social (Injalreso), en una iniciativa que se dará a conocer las próximas semanas. Las mujeres internas en el Reclusorio Femenil de Puente Grande no se han inquietado después de que se recluyó a Keila “N”, la joven involucrada en un accidente vial en El Bajío el 27 de diciembre, informó el director de Reinserción Social, José Antonio Pérez. “Sin ningún conflicto, no ha habido ni morbo que es lo que sucede muchas veces. Con tanta publicidad, cuando ingresan al Reclusorio ya los que están adentro tienen curiosidad para ver qué tan cierto es lo que se dice o qué beneficio pueden sacar”, dijo. En el caso de la joven, las autoridades no la han puesto aún en programas productivos puesto que aún no se resuelve su situación. “Como está en una etapa de proceso, la ley todavía no me permite obligarla a trabajar, entonces ahorita desarrolla actividades de ejercicio, de distracción lúdica. Todavía no la puedo someter a un programa de reinserción porque existe a su favor la presunción de inocencia”. Pérez Juárez aseguró que tampoco se ha visto en alguna situación de riesgo dentro del reclusorio. “De Keila te puedo decir que estamos observándola demasiado, ella no nos da ningún problema”.Un juez de Control ordenó seis meses de prisión preventiva justificada a Keila “N” el pasado 20 de enero, pese a que la joven se presentó de manera voluntaria ante la Fiscalía para responder por el delito de homicidio de un jóven a título de culpa grave y por lesiones contra 10 personas más, después de que presuntamente las impactó con un auto que ella conducía.En protesta por la dilación para revisar su solicitud de libertad anticipada, María de Lourdes, de nacionalidad mexicana y española quien se encontraba interna en el Reclusorio Femenil de Puente Grande, se cosió la boca. “Ella pensó, y quizás tenga razón, que había lentitud en su caso, porque ella lo solicitó el 23 de septiembre (de 2019) y la libertad se la dieron la semana pasada, el 29 de enero”, señaló José Antonio Pérez Juárez, director de Reinserción Social de Jalisco. La mujer se encontraba encarcelada desde el 15 de octubre de 2015 por el delito de narcomenudeo, por lo cual se le dictó una sentencia de cinco años de prisión. Sin embargo, al considerar la mujer que ya se había rehabilitado, solicitó el 23 de septiembre de 2019 el beneficio de la libertad anticipada, caso que debía revisar el único juez de ejecución de penas que hay en la Entidad. Pero al haber sólo un juez de ejecución penal, hubo tardanza en la revisión de su caso. Así, el 25 de enero se cosió la boca con tres puntadas en protesta. JL
