Los padres o tutores que apliquen castigos que impliquen el uso de fuerza contra menores de edad podrían ser sancionados hasta con cinco años de prisión. El Congreso estatal recibió propuesta del gobernador para modificar el Código Penal para que considere imponer pena de seis meses a cinco años de prisión a quien, ejerciendo la patria potestad, tutela, custodia o cuidado y vigilancia, agreda a una persona menor de edad utilizando fuerza física, ya sea con o sin objeto contundente o arma y genere alteración a la salud o integridad física o psicológica.El proyecto de modificación establece que el responsable del agravio podría perder la custodia.También se añadiría a la Ley estatal de los Derechos de las niñas, niños y adolescentes el concepto de “crianza positiva” que se plantea como la enseñanza basada en fijar las metas para aprender, darles información, apoyarles en su crecimiento y ayudarles a tener éxito de forma respetuosa no violenta y de acuerdo a los principios del desarrollo infantil.La propuesta del titular del Poder Ejecutivo estatal retoma conceptos ya aprobados en reformas a nivel federal y en otros estados del país donde ya se aprobó sancionar los castigos físicos a menores.El Congreso estatal dio entrada a una iniciativa formulada por el gobernador para extinguir el Organismo Público Descentralizado (OPD) denominado Régimen Estatal de Protección Social en Salud de Jalisco y la abrogación de su ley orgánica.En artículos transitorios de la propuesta se refiere que la prestación de los servicios de salud en Jalisco será efectuada a través de los OPDs Servicios de Salud Jalisco, Hospital Civil de Guadalajara e Instituto Jalisciense de Cancerología, conforme al acuerdo de coordinación celebrado entre el Gobierno del Estado de Jalisco y el Instituto de Salud para el Bienestar (lNSABI).Los asuntos en trámite ante el organismo que se extingue pasarán al OPD Servicios de Salud Jalisco. Los bienes muebles e inmuebles que formen parte del patrimonio del OPD que se extingue, pasarán al Gobierno del Estado, con excepción de los bienes muebles correspondientes a los módulos de afiliación al Seguro Popular que se entregarán al OPD Servicios de Salud Jalisco. El personal que laboraba en el organismo extinto será liquidado conforme a lo que corresponda a cada trabajador. La Contraloría del Estado deberá realizar una auditoría al ente que se propone desaparecer.Ambas iniciativas del gobernador fueron remitidas a comisiones legislativas para su dictaminación.NR
