La diputada Adriana Medina Ortiz presentó una iniciativa de reforma al artículo 236 del Código Penal de Jalisco, con el objetivo de endurecer las penas y reducir los beneficios procesales para quienes sustraigan, comercialicen o posean cables y materiales vinculados a servicios públicos.La propuesta busca proteger el patrimonio ciudadano y garantizar la operación de servicios esenciales como alumbrado público, energía eléctrica, agua potable, drenaje, telecomunicaciones, gas natural y señalización vial, así como disminuir las pérdidas económicas derivadas del robo de infraestructura urbana.Actualmente, estos delitos son considerados no graves, lo que permite acuerdos reparatorios que impiden la detención de los responsables. La iniciativa establece que la posesión, comercialización o detentación de estos materiales también será un delito, limitando salidas alternas y la suspensión condicional del proceso.Se proponen tres rangos de sanciones según el valor de lo sustraído: de 5 a 10 años con multas de 15 a 70 UMA (Unidad de Medida y Actualización); de 6 a 12 años con multas de 20 a 80; y de 8 años y 6 meses a 15 años con multas de 30 a 100 UMA para montos mayores a 3 mil UMA.
