Tras el nombramiento de tres magistrados aprobados por el Congreso del Estado, el Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción urgió a que se elabore una ley de designaciones públicas, que evite el reparto de cuotas entre los partidos políticos y limite los excesos en la discrecionalidad en los nombramientos aprobados por los diputados. En un comunicado el Comité urgió a que se establezcan criterios de mérito como mínimo indispensable que otorgue garantías a quien aspire a un alto cargo, que no sean evaluados de acuerdo con la cercanía al poder sino por la profundidad y probidad de su trayectoria profesional. El pronunciamiento se da luego de que en la sesión del pasado miércoles los legisladores nombraron a Fany Lorena Jiménez Aguirre como magistrada de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado (TJAE). Aguirre no figuró entre los perfiles mejor evaluados por el Comité de Participación Social y su elección habría sido impulsada por la bancada del PAN. También se nombró magistrados del Supremo Tribunal a Consuelo del Rosario González Jiménez y a Daniel Espinosa Licón. La ex procuradora social habría sido apoyada por el PRI y el juez respaldado por Movimiento Ciudadano.El Comité destacó que hace unos meses recomendó al Congreso estatal no empatar los dos procesos de nombramientos y reformar el procedimiento de selección; pero sus llamados no fueron atendidos por los diputados. LS
