Tras la conclusión del proceso para asignar 20 notarías públicas en el estado, organizaciones civiles emitieron un pronunciamiento en el que solicitan que se transparenten las asignaciones pendientes.En el comunicado, firmado por Coparmex Jalisco, el Consejo de Cámaras Industriales del Estado, el Consejo Agropecuario, la Barra Mexicana de Abogados capítulo Jalisco, la Cámara de Comercio de Guadalajara y el Consejo Mexicano de Comercio Exterior de Occidente, se advierte que han percibido que el proceso para entregar las Fiats notariales es objeto de interrogantes por parte de la opinión pública en cuanto a la legitimidad de algunos de los recién nombrados y sobre la transparencia del proceso.Señalan que esos cuestionamientos atañen a las relaciones que algunos de los participantes tienen con funcionarios públicos o actores políticos, “ha abonado a esta situación el hecho de que el proceso se haya llevado a cabo en la semana posterior a la jornada electoral a nivel local, estatal, y federal y muy cerca del final del sexenio, en una desafortunada práctica de designar a los nuevos notarios públicos a la conclusión de cada periodo gubernamental”, se refiere en el documento.Las organizaciones civiles firmantes solicitaron a las autoridades relacionadas con el otorgamiento de las notarías para que se cuiden los mínimos requisitos no sólo para fortalecer la legitimidad de quienes resulten favorecidos, sino también para asegurar que sean los más capaces desde el punto de vista técnico, jurídico y ético.En el texto plantean interrogantes como: ¿Aprobaron los mejores? ¿Tuvo alguno de los aspirantes acceso al examen? ¿Fue relevante para aprobar el hecho de algún cargo ostentado o el parentesco con algún personaje político? ¿Debería existir alguna prohibición para que algunos funcionarios, o parientes de éstos o de quienes organizan el examen puedan ser examinados?Se pide modificar la regulación del proceso para acreditar nuevos notarios, además que se debe acatar la resolución de la Suprema Corte de Justicia de la Nación para evitar que la patente, y luego el fiat de notario, represente un premio político para exfuncionarios públicos.Piden establecer con claridad que ningún funcionario público pueda realizar el examen de patente o el de oposición para el fiat, sino hasta dos años después de haber dejado de tener cargo público. También limitar las etapas en las que se puede realizar la convocatoria para el otorgamiento de patente y la asignación de notarías, de manera que se impida el uso de estas atribuciones gubernamentales en periodos electorales y en el último año del sexenio de cada gobernador, asimismo que la evaluación a los aspirantes pueda ser auditada por terceros independientes, entre otros puntos.La semana pasada se publicaron los resultados del examen de oposición que presentaron los aspirantes a ocupar una de las 20 notarías declaradas vacantes por el gobernador. En la lista de nuevos notarios aparece nombres como el exsecretario general de gobierno, Fernando Guzmán, el exdiputado priista, Roberto Mendoza Cárdenas, Eugenio Ruiz Uribe, hijo del ex alcalde de Guadalajara, Eugenio Ruiz Orozco, el hijo del senador priista con licencia, Arturo Zamora, Ángel Zamora Estrada, Martha Gloria Gómez Hernández, subsecretaria de Asuntos Jurídicos de la Secretaría General de Gobierno y Luis Gerardo Sandoval Fernández, primo del gobernador.GC
