Por la falta de acciones efectivas de las autoridades estatales para encontrar a 84 víctimas de desaparición, por no informar sobre los motivos que dieron origen al delito y por la falta de acciones para sancionar a los responsables, la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ) emitió la recomendación 25/2019. La recomendación fue emitida por 73 quejas de familiares y seres queridos de 84 personas durante los años 2017 y 2018; siete de estas personas eran mujeres, dos de ellas de 17 años; y por 77 hombres. Del total, ocho ya fueron localizadas, pero sin vida; el resto, permanecen sin ser halladas, informó el presidente de la Comisión, Alfonso Hernández Barrón, quien añadió que han recibido otras 51 quejas en esta administración con las que emitirán una nueva recomendación. Del total de quejas, en 53 casos las desapariciones fueron cometidas por particulares y en las otras 20 se mencionó la participación de algún servidor público: ocho de la Fiscalía; en tres casos, policías de Tonalá; policías de Guadalajara, Tlaquepaque, Autlán de Navarro, Tecalitlán, San Miguel el Alto y Tecolotlán, en un caso cada uno; y se expresó la sospecha de la participación de servidores de Ixtlahuacán de los Membrillos, Policía del Estado y Secretaría de Marina, en un caso por instancia.La ocupación que más se registró en las víctimas fue de estudiantes y taxistas; el resto, eran trabajadores de distintas profesiones. "Para esta CEDHJ, la desaparición de las 84 personas constituye una multiplicidad de violaciones de derechos humanos, que han sido determinadas a través de una serie de indicadores que permiten asegurar que el momento en que desaparecieron cada una de las víctimas, las autoridades no mostraron capacidad institucional que impidiera la consumación de la desaparición y posteriormente se presentaron ineficientes o nulas acciones de búsqueda y de procuración de justicia", destacó Hernández. Tras un análisis de los casos de cada queja, se concluyó que en 88 por ciento hubo dilación en la investigación y búsqueda de la víctima; en 77 por ciento se advirtió poco o nulo seguimiento a los datos aportados por los familiares; y en 67 por ciento no se solicitó la geolocalización inmediata del teléfono de la víctima. También se advirtió que en 66 por ciento de los casos las investigaciones se cambian a otro Ministerio Público, por lo que el seguimiento es deficiente. Entre las quejas donde se advierte la participación de un servidor público está el caso de la desaparición de un joven el 13 de junio de 2017, cuando presuntos policías investigadores se llevaron a tres jóvenes de un taller mecánico en Tlaquepaque. En este asunto, policías de Tlaquepaque atendieron el reporte, pero se les ordenó abandonarlo. Otra de las quejas es el caso de los italianos desaparecidos en donde participaron policías de Tecalitlán. El 22 de agosto de 2018, policías de Guadalajara se llevaron a un hombre de la colonia San Marcos; sin embargo, al buscarlo en la Zona 6 de la dependencia, informaron que él no ingresó. Hernández Barrón emitió la recomendación a los ayuntamientos y autoridades señaladas como participantes en las 20 desapariciones, así como al Gobierno del Estado, el fiscal de Personas Desaparecidas, al director del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses, la titular de la Comisión de Búsqueda y al coordinador del Gabinete de Seguridad para que se atienda y repare el daño de las víctimas. Se insistió en que el IJCF cumpla con la recomendación 10/2019, relativa al tratamiento de los cadáveres almacenados en tráileres en septiembre de 2018, además de diseñar y ejecutar un plan para la prevención de las desapariciones para que a corto y mediano plazo se erradique dicha conducta delictiva.Se pidió además continuar con la investigación de los casos de desaparición de las personas que dieron origen a la recomendación "con el fin de que se esclarezcan los hechos, se identifique a los autores materiales e intelectuales y se sometan al procedimiento respectivo". Esto incluye los casos donde participaron servidores públicos, así como en el resto, para determinar responsabilidades administrativas por las investigaciones deficientes. Al Congreso del Estado le solicitaron un ejercicio para armonizar la legislación local con los estándares nacionales e internacionales de investigación y sanción de casos de personas desaparecidas. Guadalupe Aguilar, presidenta de la organización Familias Unidas por Nuestros Desaparecidos Jalisco (Fundej), manifestó su emoción por haber logrado que se emitiera dicha recomendación."Es un camino largo, casi nueve años que tiene desaparecido mi hijo. (...) En todo este tiempo que hemos caminado nunca vi una luz en este túnel, hasta ahora que hemos caminado junto a los Derechos Humanos, por eso les damos las gracias por habernos enseñado este camino que espero nos lleve a la justicia, a preparar todo lo que se tenga que hacer para que no haya más impunidad y un paso más que nos lleve al objetivo final, que es encontrarlos, encontrarlos a todos, de preferencia con vida, ¡porque vivos se los llevaron, vivos los queremos!".LS
