A pesar de que está prófugo de la justicia, el magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, acusado de abuso sexual infantil, sigue cobrando en el erario público. Por lo anterior, feministas exigen que se revise nuevamente el caso ahora que escapó y que se le retire el salario que se le entrega.El pasado 26 de enero, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia del Estado (STJ), Daniel Espinoza Licón, informó que el juzgador quedaría separado del cargo durante el tiempo que dure el proceso penal de la investigación por la denuncia en su contra por el presunto abuso de una menor.Al magistrado le fue retirado el fuero en el Congreso de Jalisco para que pueda enfrentar los cargos por los que se le acusa.Detalló que mientras durara el proceso, Covarrubias seguiría cobrando el 30% de su salario, para cumplir una determinación de la Suprema Corte sobre el mínimo vital. Esto implica que percibe alrededor de 52 mil pesos, de acuerdo con el tabulador del STJ el sueldo mensual de los magistrados es de 173 mil 744 pesos.Sin embargo, Guadalupe Ramos, presidenta del Cladem, señaló que las circunstancias cambiaron ahora que está ilocalizable "porque él está prófugo de la acción de la justicia y este elemento debe ser tomado en cuenta en el seno del Consejo de la Judicicatura y del Poder Judicial para que se analice la posibilidad de suspenderle de manera definitiva sus ingresos hasta que pueda obtener una sentencia o conocer cuál es le resultado de esta acción penal que se le ejercita en su contra"."Por supuesto que deberían de quitarle su sueldo, debe de analizarse en términos jurídicos, lo que señala la ley, pero también en términos éticos y morales, no puede ser que una persona que se dedicaba a impartir justicia esté evadiendo la acción de la justicia, ¿qué mensaje se manda socialmente?", comentó la activista.Añadió que lo anterior "habla muy mal del Poder Judicial, porque no estamos hablando de cualquier persona ni de cualquier funcionario, sino de alguien que se encargaba de impartir justicia y el mensaje es que ni siquiera él confía en el sistema de justicia porque prefirió huir y no ponerse a disposición".Si bien se sigue presumiendo la inocencia porque es un principio de derechos humanos hasta demostrar lo contrario, en este caso ya cambiaron las circunstancias porque no quiso presentarse ante la justicia, dijo.Señaló que parece se le dio tiempo al magistrado para que preparara toda su defensa legal, lo que hará que se ampare."Nos preocupó muchísimo que le dieran tanto tiempo, porque en estos casos en que se realiza el desafuero normalmente están siguiéndolos ya con una vigilancia especial para que la persona desaforada justamente no escape a la justicia y de inmediato que ocurre el desafuero se le hace la presentación ante la autoridad jurisdiccional"."Él sabía que por el delito que se trata iba a quedar a disposición del juez y posiblemente con prisión preventiva. Seguramente se va a presentar en los próximos días amparado".Dijo que ni la jueza aceptó por válida su argumentación de estar infectado de COVID para faltar a la audiencia de imputación. Luego de eso, ya no lo localizaron para la presentación forzada y desde entonces lleva huyendo."Su argumentación para negar el requerimiento de la audiencia fue que no existian elementos feacientes que demostraran lo que estaba señalando, porque adjuntó un comprobante con una prueba de antígenos sin nombre. Lo unico que estaba tratando de hacer era tiempo".Guadalupe Ramos compartió que espera que la Fiscalía estatal y el Tribunal estén ampliamente preparados para combatir lo que el magistrado y su defensa pudieran decir en sus interposiciones que haga de juicios amparos, para que al demostrarle su culpabilidad pise la cárcel y pague por lo que hizo."Si creemos en nuestra inocencia, hay que acreditarla donde corresponde ante un juez o jueza y ante un tribunal, pero no hacer esta serie de artimañas que está haciendo. Todo lo que está haciendo lo pinta como persona porque también tenía denuncias de violencia intrafamiliar con su ex pareja y no se hacía cargo de la manutención de sus hijos". Azul América Aguiar Aguilar, profesora investigadora en el Observatorio Político Electoral de la Universidad de Guadalajara, refirió que la problemática reside en la falta de instrumentos para supervisar el trabajo del Poder Judicial. "Considero que es una muestra de que la impunidad es quien gobierna en Jalisco. El problema no es solamente el delito tan grave del que se le acusa al magistrado, sino que el Gobierno de Jalisco no tenga, y no quiera tener, mecanismos para hacer rendir cuentas al Poder Judicial".Dijo que parte de la corrupción que invade a este poder está fundamentada en el Congreso y en Ejecutivo "que siguen usando como botín político las designaciones al Supremo Tribunal de Justicia"."Si el proceso de designación fuera transparente, profesional e independiente no estaríamos hablando de magistrados acusados de delitos sexuales, sino de cómo resuelve casos el poder judicial para allegar la justicia a quienes más la necesitan", recalcó.GC
