La Dirección General de Prevención y Reinserción Social del Gobierno del Estado exigió al gobierno federal el pago de más de 460 millones de pesos por el resguardo de internos federales.El director del organismo, José Antonio Pérez Juárez, explicó que se tiene una población de mil 580 internos federales por lo que ya se notificó a la federación el pago cuyo adeudo data desde el 2016."En teoría, y desde hace mucho años, existe un concepto que se llama "Socorro de Ley" con el cual el gobierno federal se obligaba a contribuir con 50 pesos por cada interno federal que tuviéramos en resguardo en los centros penitenciarios, más sin embargo a parte de que es ofensivo esa cantidad, porque el costo por interno es de 360 pesos diarios, pero ni siquiera esos 50 pesos a cubierto la federación desde mayo del 2016", detalló.El directivo explicó que este problema ya fue presentado por el gobernador, Enrique Alfaro Ramírez, al gobierno federal para su solución.Adicionalmente dijo que este año la federación disminuyó el presupuesto federal para Jalisco. Asimismo el directivo denunció que a su llegada a la dependencia se encontraron con varias irregularidades graves como el desvío de recursos por lo que se interpusieron quejas en la Contraloría del Estado."Cuando iniciamos el proceso de entrega recepción nos dimos cuenta que la antes Fiscalía General del Estado se había facturado un parque vehicular cuantioso a Reinserción Social y cuando llegamos no encontramos ningún vehículo en buen estado", explicó.Agregó que cuando llegaron también advirtieron que se había facturado armamento que no estaba, y también que se había facturado mantenimiento y reparación del sistema hidrosanitario como cárcamos de bombeo y plantas de tratamiento, y nunca se había movido un tornillo en el sistema hidrosanitario."Hablamos de cientos de millones de pesos. Nuestro papel fue dar cuenta a la Contraloría del Estado para ratificar y señalarle y hay el compromiso legal porque sí se abrieron carpetas de que se debe de trabajar porque no hablamos de un peso, fueron cosas muy graves y sí hay trabajo jurídico en la Contraloría en relación con lo denunciado", dijo.Asimismo informó que actualmente se tiene convenio con 10 empresas que colaboran con la dirección y que ofrecen empleo a los reclusos.LS
