Viernes, 09 de Diciembre 2022

Gobernador respalda aumentar recursos estatales a partidos políticos nacionales

Descartó la posibilidad de vetar la reforma constitucional aprobada por el Congreso estatal

Por: Rodrigo Rivas Uribe

En Jalisco hay una reforma para asignar los recursos estatales a los partidos políticos. ARCHIVO

En Jalisco hay una reforma para asignar los recursos estatales a los partidos políticos. ARCHIVO

El gobernador de Jalisco descartó la posibilidad de vetar la reforma constitucional aprobada por el Congreso estatal, con la que se modificó la fórmula para asignar los recursos estatales a los partidos políticos.

El titular del Poder Ejecutivo estatal dijo que se debe buscar la equidad y proporcionalidad en la asignación de fondos.

Evadió fijar postura respecto a que con la reforma la bolsa de dinero entregado a los partidos subirá de 168.2 a 394.1 millones de pesos.

“Me parece que buscar la equidad y la proporcionalidad en la asignación de recursos públicos es siempre una ruta correcta. Lo que yo creo, es que no puede haber inequidad en el reparto de los recursos. El otro debate me parece que siempre será pertinente sobre cuánto es necesario; pero lo que no se puede permitir es que haya un reparto inequitativo e injusto de los recursos; en ese sentido la legislación federal establece las fórmulas de asignación; es un tema que no le corresponde al Ejecutivo, respetaremos el proceso de reforma que haga el Legislativo”, expuso.

Cuestionado sobre su cambio de postura, pues en 2017 apoyó la reforma #SinVotoNoHayDinero, con la que se recortaron los fondos a los partidos políticos nacionales, el gobernador dijo que en su momento dio la opinión y que no le entrará a un debate que no le corresponde. Apuntó que los resultados que dio esa reforma los puede evaluar quien revise cómo se reparten los recursos con base en ese criterio y advirtió que las cosas caen tarde o temprano por su peso.

La reforma constitucional que incrementa los recursos estatales asignados a los partidos nacionales debe ser avalada por al menos la mitad de los Ayuntamientos para que luego el Congreso estatal emita la declaratoria y remita el decreto para su publicación en el Periódico Oficial del Estado.

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