Diputado federales, pertenecientes al grupo parlamentario de Morena, exigieron ayer al Presidente Enrique Peña Nieto cancelar la construcción de la presa el Zapotillo, porque —argumentaron— “el proyecto contraviene resoluciones de la Suprema Corte de Justicia de la Nación” (SCJN).En conferencia, Ernestina Godoy, María Antonia Cárdenas y Ángel Hernández de la Piedra alertaron que los diputados federales del PRI, PVEM, PAN, MC, Panal y Pes, asignaron en el Presupuesto de Egresos de la Federación 2018, la cantidad de mil 530 millones de pesos para la construcción de la presa, “no obstante los perjuicios y daños que ocasionará dicha presa”.Ese monto, insistieron los legisladores, fue destinado para la construcción de la presa y su acueducto, así como para una planta potabilizadora e infraestructura de macrodistribución.Los legisladores dijeron que la polémica construcción de la presa también incluye varios estudios, obras complementarias y la reubicación de las comunidades afectadas, así como asesorías y supervisión técnico-administrativa, para el abastecimiento de agua potable a León, Guanajuato.La construcción de la presa ha estado impulsada desde hace al menos ocho años.Cárdenas dijo que las obras comenzaron en 2009, “a cargo de la empresa española FCC Construcción junto con La Peninsular y Grupo Hermes. Sin embargo, en septiembre de 2011 se adjudicó a ABENGOA México la construcción y operación del acueducto de 140 kilómetros”.Expusieron que “Originalmente se proyectó que la presa tendría una cortina de 80 metros de altura, lo que no implicaba riesgo para las comunidades de Temacapulín, Acasico y Palmarejo, poblados cercanos a la construcción. Pero después se promovió que la cortina se elevara a 105 metros, lo que significaría casi el doble de la superficie inundada y la desaparición de las tres comunidades”.Señalaron que la SCJN da cuenta de “las ilegalidades y violaciones a derechos fundamentales”, además de “los tribunales de la federación y de Jalisco, que han establecido sentencias protectoras a favor de los pobladores y de las comunidades afectadas por el megaproyecto”.
