Tres funcionarios del Gobierno del Estado y el hermano de un diputado local figuran entre los cinco perfiles mejor evaluados para encabezar la Fiscalía Anticorrupción, de acuerdo con la metodología del Comité de Participación Social.Ante esta situación, Gerardo de la Cruz Tovar, académico de la Universidad Panamericana (UP) que completa el grupo de los punteros, afirmó que el objetivo del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SAEJ) es cambiar paradigmas, no tener a los mismos actores.“Si en este momento nos encontramos ante la necesidad de implantar un sistema anticorrupción es porque las cosas no han funcionado con los personajes que venían haciéndolas”.Este medio de comunicación publicó que el presidente del Comité, Jorge Alatorre, destacó que entre más alto el puntaje de los interesados en dirigir esta dependencia es más deseable que el gobernador los incluya en la terna que presentará a los diputados.LEA TAMBIÉN: Una funcionaria estatal, la mejor evaluada para zar anticorrupciónLuego de que este medio de comunicación publicó que el perfil que obtuvo la calificación más alta es Lilia Iris Morán, titular de la Secretaría Ejecutiva para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia, el coordinador de la fracción de Movimiento Ciudadano (MC), Ismael del Toro, destacó que la también subordinada del secretario general de Gobierno, Roberto López, no puede ser quien esté al frente de la nueva dependencia.Respecto a Gabriel Valencia, hermano del legislador Augusto Valencia y quien también está entre los candidatos con la calificación más alta, Del Toro resaltó que también se podría generar duda de conflicto de interés.“No vamos a cometer el error, por más que estén bien calificados, de nombrar a alguien que caiga en conflictos de interés, eso lo puedo asumir como compromiso”, dijo. La presidenta de la Comisión Especial Anticorrupción, Pilar Pérez Chavira, argumentó que además de tomar en cuenta las valoraciones técnicas y el derecho de las personas a participar por un cargo, se debe garantizar la autonomía y la eficiencia de quien resulte elegido. “Yo creo que sí necesitamos tener en cuenta la prudencia para que sean perfiles que den garantía del cumplimiento de la responsabilidad y la autonomía exigible dentro del sistema estatal”, expuso la diputada por el Partido Acción Nacional (PAN).Por otra parte, Jorge Arana, del Partido Revolucionario Institucional (PRI), llamó a no adelantar juicios y a esperar que el Poder Ejecutivo presente su terna. Además, defendió el derecho de los funcionarios a participar por el puesto. El también presidente de la Comisión de Gobernación del Legislativo señaló que la designación podría votarse antes del plazo límite, fijado el 14 de diciembre, pues algunos de los legisladores que aspiran a una candidatura deberán pedir licencia antes del 13. Gabriel Valencia, candidato a fiscal anticorrupción, acudió ayer al Congreso del Estado para solicitar que el diputado Augusto Valencia, quien es su hermano, se excuse de participar en el proceso para elegir al encargado de esta dependencia.“No es algo que me favorezca (su parentesco con el diputado), pero se tiene que actuar conforme a derecho y que se valore mi trabajo. La opinión del Comité es muy importante para eso, es un órgano alterno al Congreso y al Ejecutivo que está señalando quiénes son las personas más viables para entrar al cargo”, dijo. Pruebas de control de confianzaQuien resulte electo como fiscal anticorrupción deberá acreditar las pruebas de control de confianza antes de asumir el cargo, el 1 de enero. Por única ocasión, este nombramiento será de ocho años. El zar anticorrupción no tendrá posibilidad de buscar un segundo periodo en el puesto. LEY NO IMPIDE PARTICIPACIÓN DE SERVIDORES PÚBLICOSEl presidente del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SAEJ), Jorge Alatorre, aseguró que el hecho de que la aspirante a fiscal anticorrupción mejor calificada trabaje en la Secretaría General de Gobierno no representa un conflicto de interés que la limite. Alatorre explicó que la ley no impide la participación de servidores públicos en funciones, siempre que no sean primer nivel o de elección popular. Sobre el caso de Gabriel Valencia, otro de los mejor evaluados, dijo que su relación de consanguinidad con el diputado Augusto Valencia tampoco representa un impedimento.“Si la convocatoria se hubiera cerrado para todos los funcionarios públicos que se encuentran en funciones, quizás habrían participado dos o tres personas y además habría amparos en el sentido de que se viola sus garantías de igualdad de participación”, dijo.Agregó que el gobernador no está obligado a que la terna que presente sea con los tres candidatos con el puntaje más alto, pues la legislación sólo refiere que debe tomar en cuenta la opinión del Comité al elaborar su propuesta.LA VOZ DEL EXPERTOAntonio Elvira de la Torre (académico de la Universidad de Guadalajara)Para el investigador del Departamento de Estudios Políticos del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (CUCSH), si bien la metodología del Comité de Participación Social para definir a los perfiles “deseables” para contender por la Fiscalía Anticorrupción pueden generar “interpretaciones”, pues algunos de los que obtuvieron los mayores puntajes pueden tener conflicto de interés, los dispositivos legales existentes en la Entidad no les impidieron participar en los procesos de selección. “El trabajo que hace el Comité de Participación Social tiene que ver con la construcción de estos mecanismos, que pueden tener diferentes resultados. Quienes participan en este concurso público no incumplen la legislación“.Elvira de la Torre destacó que para el Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco hubo planteamientos diferentes al Sistema Nacional, entre ellos los mecanismos para designar a los titulares de la Fiscalía o a los magistrados de la Sala Superior del Tribunal de Justicia Administrativa. “Esto no significa que pueda haber una tendencia a hacer las cosas mal. Los mecanismos institucionales que se crearon desde el inicio así están establecidos. La legislación en Jalisco no establece criterios de inelegibilidad para personas”, remató el académico.
