El perfil mejor evaluado para ser fiscal anticorrupción, según la metodología del Comité de Participación Social, es Lilia Iris Morán, titular de la Secretaría Ejecutiva para la Implementación del Nuevo Sistema de Justicia. La también subordinada del secretario General de Gobierno, Roberto López, obtuvo 36 puntos, el registro más alto. Otro de los que tuvieron una calificación destacada (entre 30 y 35 puntos) fue Gabriel Valencia, hermano de Augusto Valencia, diputado local por MC.El presidente del Comité, Jorge Alatorre, destacó que entre más alto el puntaje, es más deseable que forme parte de la terna que el gobernador presentará a los legisladores para que elijan al nuevo encargado de la Fiscalía Anticorrupción. Explicó que tomaron en cuenta el currículo, la evaluación del caso práctico y la declaración de intereses que, dada la legislación actual, “cada quien puede llenar” pues es un acto de buena fe. “No sabemos qué cosas más profundas pueden existir dentro de esos perfiles y ese análisis les corresponde a quienes tienen el poder de designación”, remató Alatorre.Aspirantes que no solicitaron participar de los “Criterios de elaboración del Perfil” aprobados por el Comité de Participación Social y que sólo se les pudo analizar con los datos de su expediente:José Guadalupe Javier Jiménez Chavira. Adrián Talamantes Lobato. José Dolores Ibarra Delgadillo. J. Guadalupe Vivas Alcaraz. Fernando de la Mora Arellano.El gobernador Aristóteles Sandoval afirmó que el próximo fiscal anticorrupción saldrá del listado que la tarde de ayer le entregó el presidente del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SAEJ), Jorge Alatorre, y que incluyó 18 folios de aspirantes a esta dependencia y 16 más para formar parte de los órganos internos de control.“Yo me comprometo con ustedes a que quien no venga en la recomendación que hace la opinión técnica fundada por el Comité de Participación Social, no salga una persona alterna, ni vaya alguien más en la terna que proponga el Ejecutivo del Estado”, aseguró.Sandoval destacó que lo más común en este tipo de procesos era que fueran conducidos por el propio Gobierno y que las responsabilidades recayeran en el reparto de cuotas, con criterios poco transparentes, y no en los mejores perfiles. “Con un proceso así, la corrupción hubiera terminado matando al sistema creado para erradicarla”.Según el Artículo 53 de la Constitución estatal, el gobernador sólo tomará en cuenta las opiniones técnicas del Comité de Participación Social y someterá a consideración del Congreso una terna de la cual, a partir de la realización de comparecencias de los perfiles propuestos, se elegirá al encargado de encabezar la Fiscalía Anticorrupción con el voto de las dos terceras partes de los diputados.Sin embargo, en caso de que los legisladores no decidan en los 30 días siguientes a la presentación de la terna o ninguno de los propuestos alcance la mayoría requerida, el mandatario tendrá que enviar otra. Si en este nuevo proceso no se cristaliza la elección en el periodo establecido o con el apoyo requerido, ocupará el puesto la persona que, dentro de ambas ternas, sea elegida a través de un proceso de insaculación en el Legislativo.COMITÉ DE PARTICIPACIÓN SOCIALEl presidente del Comité de Participación Social del Sistema Anticorrupción del Estado de Jalisco (SAEJ), Jorge Alatorre, afirmó que uno de los primeros temas que tratará el Comité Coordinador, órgano que comenzará a operar en enero de 2018, es la integración de los municipios a esta nueva estructura, ya que sólo se incluyó como una alternativa. Alatorre, quien también encabezará el Comité Coordinador del SAEJ, explicó que el principal problema no es cuánto le costará a los ayuntamientos establecer su propio mecanismo, sino definir las condiciones necesarias para que rinda resultados y no sea una herramienta obsoleta.Destacó que la carencia de recursos no es una dificultad tan significativa si hay voluntad política por parte de los gobiernos, pues se pueden plantear alternativas para ahorrar recursos y compartir experiencias.Por otra parte, Fernando Alcázar, investigador del Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO), afirmó que uno de los obstáculos en la articulación de los sistemas municipales anticorrupción es la poca homogeneidad que hay en el desarrollo de las administraciones. “En el caso de Jalisco también está muy claro. No es lo mismo un ayuntamiento como Tomatlán o La Barca, que Guadalajara o Zapopan. Otra cosa es el número de municipios y lo que implica ponerlos de acuerdo en reglas claras y luego coordinarlos, porque el sistema estatal tendría que estar conectado a los municipales”, explicó. De acuerdo con la ley del SAEJ, los municipios podrán implementar sistemas anticorrupción armonizados con los sistemas estatal y nacional. Estos instrumentos funcionarían de manera independiente a las comisiones que se integren al interior de los Ayuntamientos.También establece la obligación para que el SAEJ cree mecanismos de coordinación y apoyo con los sistemas municipales y para invitar a sus representantes a las sesiones del Comité Coordinador y del Comité de Participación Social.Pretenden reforzar comités de transparenciaJorge Alatorre acentuó que otra propuesta es trabajar en un modelo en el que a los actuales comités de transparencia se les den herramientas, de manera que evolucionen a comités de rendición de cuentas. Agregó que también se buscará contar con apoyo técnico y sumar al Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) para que se incluyan figuras como la contraloría social y el cabildo abierto. Pilar Pérez Chavira, diputada por el Partido Acción Nacional (PAN) en el Congreso local, manifestó su desacuerdo sobre cómo quedó la legislación en el caso de los sistemas municipales anticorrupción y coincidió en que, debido a las diferencias que hay entre los ayuntamientos, existe el riesgo de que no se cumpla con el carácter sistémico y homologado en su funcionamiento.“Se corre el riesgo de que cada uno quiera hacer su minisistema, que no sería sistémico, para empezar; no sería funcional y dificultaría el enfoque, la interpretación y la medición de indicadores que habrán de establecerse para ir pulsando el avance que tenga Jalisco”, planteó la legisladora.Pérez Chavira añadió que, como está la legislación en el tema, la diversidad de necesidades y características de cada administración municipal daría condiciones particulares que, en el peor de los escenarios, generaría 125 “minisistemas” diferentes.Sin embargo, la presidenta de la Comisión Especial Anticorrupción del Congreso dijo que se podrían hacer reformas a la ley para corregir estos aspectos, pero admitió que por el momento no hay acuerdo.
