Por unanimidad, el pleno del Congreso del Estado aprobó la reasignación de 43 plazas y 25.7 millones que pasaron de la Fiscalía General al nuevo Centro de Coordinación, Comando, Control, Comunicaciones y Cómputo del Estado (C5). El C5 nace como un organismo público descentralizado que tiene como facultades administrar y operar los servicios de atención de llamadas al número de emergencia 911, el de denuncia anónima 089 y Locatel. Además, es el responsable de operar los sistemas de videovigilancia, monitoreo, equipos de comunicación y geolocalización; que disponga para labores de seguridad y monitoreo. En el paquete de modificaciones avaladas se incluyeron cambios a la Ley del Sistema de Seguridad estatal para agregarle un apartado sobre el uso de tecnología y redes de telecomunicación para la seguridad. Entre otras cosas, define los criterios para colocar y operar las cámaras de videovigilancia. Se establece que la operación de equipos y sistemas tecnológicos en espacios públicos será función exclusiva de los cuerpos de seguridad pública estatal y municipal. Se crea el Registro de Tecnologías, mismo que estará a cargo del C5, y se fija la regulación que deben cumplir particulares que dispongan de cámaras de seguridad en los espacios privados con uso público. El funcionario público que haga uso indebido de las imágenes captadas por los equipos de monitoreo recibirá multa de cuatro mil a 80 mil pesos y la destitución del cargo. La diputada Sofía Valencia, coordinadora de la bancada priísta, destacó la necesidad de la unificación de acciones de monitoreo para reforzar las labores de seguridad. "El de la seguridad pública se convierte en el tema prioritario que debe atenderse, pero dado los acontecimientos requiere la atención que le damos a este asunto", comentó. Por su parte, Salvador Caro, coordinador de la bancada de Movimiento Ciudadano, agradeció la apertura del gobierno estatal para revisar el tema, sostuvo que la situación política es pasajera pero la necesidad de seguridad pública es permanente. Otro de los ajustes al presupuesto estatal, aprobado por los diputados, es para ampliar el monto del convenio de la Secretaría de Salud con los Hospitales Civiles de Guadalajara. La bolsa a la que pueden acceder los nosocomios aumenta de 843 a 900 millones de pesos.Adicionalmente se corrigió un error en el presupuesto que impedía al Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses disponer de un fondo por 14.7 millones de pesos para la contratación de peritos especializados en el nuevo sistema de justicia penal. JA
