La reforma para dotar de autonomía a la Fiscalía General del Estado y que el mando de los cuerpos policiacos se mantenga en manos del gobernador, vía una nueva Secretaría de Seguridad estatal, cumplió un año en la congeladora del Congreso.Las iniciativas con las modificaciones, que forman parte de los ajustes legales planteados para el funcionamiento del Sistema Anticorrupción del Estado (SAE), fueron presentadas ante el Poder Legislativo en junio de 2017 por el mandatario estatal y quedaron fuera del paquete de reformas que aprobaron los diputados en septiembre de ese año.Las organizaciones que integran el Observatorio Permanente del SAE y el Comité de Participación Social se han pronunciado en diferentes ocasiones para pedir a los legisladores que destraben el tema.Siguen en el tintero los ajustes a las leyes orgánicas de la Fiscalía y del Poder Ejecutivo para definir el proceso de nombramiento del fiscal general, el regreso de la Secretaría de Seguridad y las facultades de la Contraloría estatal para castigar faltas administrativas no graves; entre otros asuntos. Los dictámenes de estas reformas fueron presentados en la Comisión de Puntos Constitucionales, pero no se subieron para su discusión en el pleno del Legislativo.En su propuesta original, el gobernador planteó que el fiscal general tuviera un periodo de 10 años, sin derecho a ratificación. En la reforma constitucional que sí se aprobó el año pasado se estableció que el nombramiento será de siete años, sin posibilidad de segundo periodo. En el mecanismo para su elección se planteó la intervención del Comité de Participación Social del SAE, la presentación de una terna por parte del titular del Poder Ejecutivo y el voto de dos terceras partes de los diputados (27 votos).
