Sin hacer público si consideran procedente o no el desafuero, diputados de la Comisión legislativa de Responsabilidades avalaron el dictamen sobre el juicio de procedencia en contra del magistrado José de Jesús Covarrubias Dueñas, que es investigado por la Fiscalía del Estado por el presunto abuso de una menor de edad. El punto se aprobó con tres votos a favor y una abstención.El diputado Julio César Hurtado Luna, presidente de la Comisión, argumentó que la ley le impide dar a conocer el sentido del dictamen, y afirmó que incluyeron los alegatos de defensa presentados por el juzgador y sostuvo que será el pleno del Poder Legislativo quien determine si procede o no el desafuero de Covarrubias.El legislador refirió que el Congreso estatal no ha sido notificado de ningún impedimento legal para dar continuidad al proceso.“Se remite al pleno para que se cite a sesión en la que se erige como juzgado el pleno, hoy se cita para sesionar mañana. Valoramos los escritos que nos hicieron llegar, tal como lo adelantamos la Comisión ha actuado de forma responsable y diligente en este asunto”, comentó.Trascendió que la diputada priista, Verónica Flores Pérez, se abstuvo en la votación de la comisión para no entorpecer el tema pues el juzgador en sus alegatos de defensa la señala de prejuzgar su asunto por una declaración que dio en una entrevista.Sobre el amparo presentado por el magistrado Covarrubias, el diputado Hurtado recordó que no le concedieron la suspensión y al Congreso sólo le solicitaron presentar un informe dentro del proceso de queja que interpuso el juzgador, luego de que no le concedieron la suspensión.Según lo establecido en la Ley de Responsabilidades, luego de que la Comisión dio cuenta del tema deberá sesionar el pleno del Poder Legislativo donde se erigirán como jurado de procedencia para votar; deben citar para la audiencia al servidor público señalado y su defensa, y al fiscal.Por mayoría absoluta de votos, a excepción de los integrantes de la Comisión, la asamblea decidirá si avanza o no el retiro de fuero. En caso de que sea aprobado, el servidor público señalado quedará inmediatamente separado del cargo y a jurisdicción de las autoridades correspondientes.La legislación advierte que la declaratoria del Congreso no prejuzga sobre el fondo de la denuncia de la investigación que se realice y no debe tener trascendencia jurídica en el proceso penal.GC
