Con año y medio de retraso, fue publicado en el Periódico Oficial del Estado el acuerdo con el que se creó la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas en Jalisco.Aunque dicho documento está fechado el 11 de noviembre de 2019, apenas este 22 de mayo de 2021 se formalizó su entrada en vigor.En el acuerdo, firmado por el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez, se refiere que esa área deberá contar con los recursos humanos, materiales y financieros que resulten necesarios para su óptima operación, debiéndose integrar por el personal ministerial, policial y administrativo suficiente para su labor.Destaca que dicho cuerpo estará dentro de la estructura orgánica de la Fiscalía Especial en Personas Desaparecidas, la cual tiene etiquetados 94 millones 151 mil pesos en el presupuesto estatal 2021.En el Artículo 154-A del Código Penal de Jalisco se establece que “comete el delito de desaparición forzada de personas el servidor público, el particular actuando por orden de autoridad o integrante de los cuerpos de seguridad pública que prive de la libertad a una o más personas, cualquiera que fuere su forma, seguido de la negativa de reconocer dicha privación de libertad o de informar sobre la suerte, destino o paradero de la persona”. Este delito prevé hasta 120 años de prisión.Durante el tiempo que estuvo congelado el acuerdo para cristalizar dicho órgano especializado, elementos de la Fiscalía de Jalisco cometieron el 5 de junio de 2020 el delito de desaparición forzada en contra de decenas de jóvenes que se manifestaban por la muerte de Giovanni a manos de policías de Ixtlahuacán de los Membrillos, según documentó la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco (CEDHJ).Ese día, los integrantes de la dependencia, vestidos de civiles, detuvieron arbitrariamente a manifestantes, los incomunicaron, “se los llevaron a lugares lejanos y los dejaron a su suerte”, según informó entonces el Ombudsman, Alfonso Hernández Barrón.En octubre de 2020, el gobernador informó que en esta gestión sumaban al menos 91 elementos judicializados por desaparición forzada. Sin embargo, han ocurrido nuevos casos como el de la familia Villaseñor Romo, que fue desaparecida en marzo pasado, hecho en el que habrían participado al menos siete policías de Acatic.MQ
