Esta tarde, desde el Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Jalisco, arrancaron oficialmente el XII Encuentro Iberoamericano y el XI Congreso Mexicano de Derecho Procesal, espacios de reflexión, diálogo y construcción colectiva centrados en la democracia y su protección constitucional, y que reunirá, durante los próximos tres días, a relatoras especiales de las Naciones Unidas, presidentes e integrantes de tribunales constitucionales, ministras y ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y académicos de universidades e institutos de América Latina y Europa. La directora del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), Mónica González Contró, señaló que no se puede hablar de un sistema democrático si no existe la garantía de los derechos humanos, por lo que es necesario repensar el papel de la democracia representativa, en la cual hay un "agotamiento". Llamó a insistir en los riesgos de la concentración de poder y el debilitamiento de los contrapesos, así como en la importancia de la división de poderes y la sujeción de las instituciones a la autoridad civil. "La democracia debe también voltear a ver a los grupos que se encuentran en situación de mayor vulnerabilidad para buscar formas de inclusión en las decisiones colectivas. "Muchos de estos grupos constituyen minorías numéricas, es decir, por el número de integrantes del grupo al que pertenecen, históricas por la situación de negación de derecho sostenida durante siglos, o jurídicas, aquellas personas que no cuentan con representación política", comentó. Por su parte, la directora del Centro de Estudios Políticos y Constitucionales, Rosario García Mahamut, mencionó que los regímenes democráticos y los sistemas de garantía de derechos humanos son objeto de presiones y devaluaciones en todo el mundo. El retroceso democrático es cada vez más evidente, advirtió, por lo que hizo un llamado a tomar un papel proactivo y asumir su responsabilidad en la defensa de la democracia como profesionistas del derecho procesal constitucional. En ese sentido, Eduardo Ferrer Mac-Gregor Poisot, presidente del Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional, expresó que estos encuentros se llevan a cabo en un contexto de guerras territoriales e ideológicas, incertidumbre en los mercados financieros y economías nacionales, presencia del crimen organizado y del narcotráfico, desafíos ante la inteligencia artificial, amenazas ante la emergencia climática y la autocratización o desdemocratización. "En un escenario de evidentes retrocesos a los derechos humanos en el mundo, en la que precisamente los valores y principios que defiende el derecho procesal constitucional se tambalean. Vivimos tiempos peligrosos a nivel global para las democracias", enfatizó. La consejera jurídica del Gobierno de Jalisco, Tatiana Anaya Zúñiga, puntualizó que la democracia requiere participación de la ciudadanía, respeto a los derechos humanos, división de poderes, transparencia, rendición de cuentas y una arquitectura que la proteja de amenazas internas y externas. La colaboración entre la academia, el Poder Judicial y las instituciones gubernamentales "es esencial para consolidar un estado de derecho que responda a las exigencias y necesidades de nuestra sociedad". El rector del Iteso, Alexander Zatryrka Pacheco, indicó que la reforma al Poder Judicial y la anunciada reforma electoral hacen necesario revisar la relación con las autoridades y representantes populares, así como su desempeño. La sociedad, dijo, debe apostar por el análisis sustentado y el diálogo crítico, constructivo y respetuoso antes que por el conflicto. "Ante el avance a escala global de regímenes autoritarios y la concentración de poder, su participación en este espacio nos permitirá obtener una visión enriquecida que sin duda nos ayudará a construir vías de acción desde la sociedad, desde la academia y desde las instituciones participantes en pro de nuestras democracias y de una convivencia social más justa, humana y esperanzadora". Por último, el presidente del Supremo Tribunal de Justicia y el Consejo de la Judicatura del Estado de Jalisco, José Luis Álvarez Pulido, afirmó que la democracia y la justicia constitucional van de la mano, mientras que el estado de derecho es sólido y confiable únicamente si es respaldado por instituciones confiables que hagan valer la ley. "Este Encuentro Iberoamericano y este Congreso Mexicano será, desde luego, un enorme espacio, propicio para compartir visiones de corte académico, jurisdiccional, y también enfoques prácticos con un propósito muy claro: fortalecer la protección de la democracia, derechos humanos y el Estado de Derecho". El Encuentro y el Congreso se llevarán a cabo del 27 al 29 de agosto en el Iteso y constarán de mesas de trabajo y conferencias magistrales. La casa de estudios, el Supremo Tribunal de Justicia de Jalisco, el Instituto Iberoamericano de Derecho Procesal Constitucional y el Congreso del Estado impulsaron la realización en Guadalajara de estos espacios. Conoce el programa aquí: https://encuentrodpc2025.com/programa EE
