Lunes, 30 de Marzo 2020

Bukele acatará resolución de Corte de El Salvador

Gobierno responde a petición de abstenerse de usar el ejército en actividades que pongan en riesgo al país

Por: AFP

Soldados que portaban chalecos antibalas y fusiles de asalto entraron al Congreso el 9 de febrero. EFE/ARCHIVO

Soldados que portaban chalecos antibalas y fusiles de asalto entraron al Congreso el 9 de febrero. EFE/ARCHIVO

El Salvador comenzó a desmontar este martes la crisis política, con el presidente Nayib Bukele asegurando que acatará las medidas cautelares de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) sobre la separación de poderes después de que el domingo él ingresara con el ejército al Congreso.

"Aunque no compartamos lo resuelto por la Sala de lo Constitucional (...) acataremos la orden emanada" por la máxima corte, consigna un comunicado de la Presidencia y el Consejo de ministros.

El domingo, al ver frustrada una convocatoria a una sesión extraordinaria invocando un artículo de la Constitución, Bukele dio un plazo de una semana a la Asamblea Legislativa de mayoría opositora para que apruebe un préstamo de 109 millones de dólares para equipar al ejército y policía.

Minutos antes de dar el ultimátum, el mandatario había ingresado a la sede del Congreso rodeado de policías antimotines y soldados del Ejército que portaban chalecos antibalas y fusiles de asalto.

La Corte Suprema de Justicia ordenó el lunes a Bukele que "se abstenga de hacer uso de la Fuerza Armada en actividades contrarias a los fines constitucionalmente establecidos y poner en riesgo la forma de gobierno republicano, democrático y representativo, el sistema pluralista y de manera particular la separación de poderes".

Además, el máximo tribunal dejó sin efecto la convocatoria para una sesión extraordinaria de la Asamblea Legislativa que había realizado el Consejo de ministros.

El artículo 167 de la Constitución otorga al Consejo de ministros la atribución de realizar esa convocatoria cuando "los intereses de la República lo demanden". 

Mientras se termina de resolver la crisis, la corte ordenó al ministro de la Defensa, René Merino, y al director de la Policía, Mauricio Arriaza, que "no ejerzan funciones y actividades distintas a las que constitucionalmente y legalmente están obligados".

Según el comunicado de la Presidencia, el Poder Ejecutivo se ha mostrado "en todo momento, respetuoso del principio de separación de poderes".

Asimismo, estimó que las medidas cautelares de la Corte "podrían dificultar el efectivo trabajo" que realiza el gobierno por los intereses del pueblo, por lo que que exhortó a la Sala de lo Constitucional a tomar "en consideración los actuales intereses de la República en el tema de seguridad".

"Herida mortal"

Mientras el ambiente político retornaba a la normalidad, algunos analistas apuntaron que el país corrió el peligro de romper el orden constitucional.

"Ha sido una herida mortal a la democracia en El Salvador, un golpe del que difícilmente el país va a poder recuperarse, y cuyos efectos los vamos a ver pronto", declaró el analista Carlos Carcach, maestro de la Escuela Superior de Economía y Negocios(ESEN).

Lo ocurrido el domingo mostró "el poco respeto" que tiene Bukele por el Estado de derecho, agregó.

En el epicentro de la crítica quedaron también los militares, tras su despliegue en la sede legislativa visto como una demostración de fuerza.

"Ver instrumentalizada la institución armada ensuciando con sus botas el Salón Azul de la Asamblea es verdaderamente perturbador", reflexionó el analista y profesor universitario Roberto Cañas.

Esa acción "ha dejado a todos atónitos y estupefactos", añadió.

"Creo que el ministro de Defensa deberá de dimitir después de ese modo de permitir la actuación de la fuerza armada", declaró por su parte el director del Instituto de Derechos Humanos de la Universidad Centroamericana (IDHUCA), José María Tojeira.

Lo actuado por Bukele, según Tojeira, se basa en "el apoyo popular" que le marcan las encuestas, pero debe saber que un acto como el ocurrido el domingo "le resta popularidad, poder y prestigio internacional".

El conflicto tampoco es conveniente desde el plano económico, sostiene Cañas, apuntando que las calificadoras de riesgo "se ponen atentas" y pueden rebajar el nivel de confianza para las inversiones, en un país que necesita generar empleo y ayudar al 30% de los 6.7 millones de habitantes que viven en pobreza.

IM

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