La violencia que se vive en el país, y que en los últimos días ha azotado al estado de Jalisco y otras entidades, debe preocuparnos a todas y todos, pues son el resultado del fortalecimiento del crimen en México.La industria criminal se sostiene de una cadena local, nacional e internacional, con un profundo relacionamiento con autoridades de los tres niveles de gobierno, comenzando por el control en barrios y colonias a través del terror, la violencia, la impunidad y la propia economía.Hoy más que nunca, es necesario ampliar la cohesión de las autoridades. La seguridad no depende del número de elementos de la Guardia Nacional o de la Secretaría de Seguridad con los que se cuente, sino en la colaboración con los municipios para que todas las fuerzas de seguridad trabajen de manera horizontal para atender el problema.Por otro lado, la profundidad de la polarización que estamos presenciando, incluyendo los conflictos partidistas del grupo del Presidente y los problemas específicos en los estados, también influye en las intervenciones para atender la violencia. Por esto se requiere voluntad de todas las partes para llevar a cabo acciones que den resultados y encaminen a los procesos de paz, que deberán comenzar en lo local para poder expandirse a lo largo y ancho del país.El incentivo de la cooperación entre la federación, estados y municipios es simple: detener el dolor, miedo e indignación que viven las y los ciudadanos en la mayor parte del país, provocado por el clima de violencia que impera desde hace más de una década. Ya lo dijo Javier Sicilia, la preocupación en tiempos electorales no puede ser “quien administra el infierno”, sino qué debemos hacer como sociedad para alcanzar la paz.Por último, pero no menos importante, es necesario atender a las víctimas tanto de los delitos federales como locales, por ello, en este periodo ordinario, presenté un punto de acuerdo en el Senado con la finalidad de que el Presidente convoque al Sistema Nacional de Atención a Víctimas, con el objetivo de coordinar y cohesionar las acciones en los diferentes niveles de gobierno, así como las que se realizan en el poder legislativo, el poder judicial y los organismos de defensa de derechos humanos y atención a víctimas, y renovar la política pública existente en la materia.Voluntad y cohesión, como parteaguas de las acciones para detener la violencia.
