Domingo, 25 de Septiembre 2022

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Una década de feminicidios en Jalisco

Por: Jonathan Lomelí

Una década de feminicidios en Jalisco

Una década de feminicidios en Jalisco

Feminicidio: Privación de la vida de mujeres con violencia por razones asociadas a su género. Es la máxima expresión de la violencia extrema y misógina en contra de mujeres, adolescentes y niñas. 

Protocolo de investigación del delito de feminicidio con perspectiva de género para el Estado de Jalisco.

Desde que entró en vigor el delito de feminicidio y sus protocolos en Jalisco -noviembre de 2012-, han asesinado a cerca de 430 mujeres bajo este supuesto de violencia de género. 

Sin embargo, 9 de cada 10 crímenes continúan impunes, es decir, la Fiscalía del Estado ha conseguido poco menos de medio centenar de sentencias condenatorias por feminicidio en una década.  

De nada han servido los protocolos, la estadística letal y las reformas legales para hacer visible un problema que hace una década no tenía ni siquiera un nombre específico.  

De nada sirvió la advertencia de Guadalupe Ramos, de Cladem Jalisco, cuando el 16 de mayo de 2012 advirtió a los diputados que tipificaron el delito de feminicidio: «nos anima mucho, pero es apenas el primer paso para resolver el problema de la violencia hacia la mujer».

De nada han servido los feminicidios de Imelda Virgen Rodríguez, Alondra Guadalupe González, Alexandra Castellanos, Vanessa Gaytán Ochoa, asesinada frente a Casa Jalisco al iniciar el sexenio, y el reciente caso de Luz Raquel Padilla. 

De nada han servido los más de 300 niños sin madre que han dejado estos crímenes.  

De nada sirvió la Alerta de Violencia de Género en Jalisco lanzada el 9 de febrero de 2016 por Aristóteles Sandoval como de nada ha servido la posterior Alerta de Género contra las Mujeres en Jalisco a nivel federal formalizada el 4 de diciembre de 2018.

De nada sirvió la reforma aprobada por el Congreso de Jalisco el 24 de marzo de 2017 para elevar hasta 70 años de prisión el delito de feminicidio que antes era de 25 a 45 años. 

De nada ha servido la voluntad del gobernador Enrique Alfaro que tras el feminicidio de Vanessa en abril de este año advirtió: «Yo ya lo dije y lo reitero públicamente: el gobierno va a revisar los protocolos, si hay algo que hacer mejor, lo vamos a hacer mejor». 

De nada servirá todo lo anterior si no se comienza por lo más básico: el acceso a una justicia efectiva para todas las víctimas y no sólo para los casos mediáticos. 

Es fácil reparar un monumento grafiteado. Pero es evidente que no resulta fácil reparar las políticas públicas fallidas, el voluntarismo estéril de gobernantes y diputados, y una cultura extrema de violencia estructural que conduce al abuso físico, psicológico, emocional, sexual y económico de una mujer hasta la muerte. 

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