Por haber sido nombrados por el Senado y la Cámara de Diputados, con mayoría priista, desde su nombramiento el 20 de octubre de 2016, las dos magistradas y los cinco magistrados que integran el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación han estado bajo la lupa.Tras asumir el 4 de noviembre de ese mismo año Janine Madeline Otalora Malassis, como presidenta, Mónica Aralí Soto Fregoso, José Luis Vargas Valdez, Felipe de la Mata Pizaña, Felipe Fuentes Barrera, Indalfer Infante Gonzáles y Reyes Rodríguez Mondragón, se cuestionó que su designación se hubiera dado por acuerdos políticos en lo oscurito y que incumplían los términos de la convocatoria. La desconfianza en este cuerpo colegiado creció luego de que su primera decisión importante fue avalar el triunfo del PRI en las elecciones en el Estado de México y Coahuila en 2017, que habían sido severamente cuestionadas por las evidencias de diversas irregularidades.Las sospechas han crecido por las polémicas decisiones que han tomado y que los han enfrentado con el Instituto Nacional Electoral (INE). La más visible, que no la única, fue contradecir a los consejeros electorales y obligarlos a aceptar la candidatura independiente de Jaime Rodríguez, “El Bronco”. El INE no le permitió el registro al descubrir miles de firmas simuladas, financiamiento sospechoso y la utilización de recursos humanos en horas hábiles del Gobierno de Nuevo León para recabar las firmas. Sin embargo, cuatro de siete magistrados (Fuentes, Vargas, Infante y Soto) consideraron que el INE violó el debido proceso de “El Bronco” al negarle el derecho de audiencia, ignorando el resto de los delitos.El actuar de estos magistrados agravó el sospechosismo de las presiones que pudieron haber tenido del Gobierno federal para dejar pasar, pese a las trampas, la candidatura de “El Bronco”, para buscar pulverizar el voto en beneficio del candidato oficial.La semana pasada, el Comité Conciudadano para la Observación Electoral llamó a “vigilar estrictamente el desempeño de la Sala Superior del Tribunal Electoral” y denunciar cualquier irregularidad. En ese llamado lamentan también que hayan invalidado medidas del INE como la de Piso Parejo que trataba de inhibir la compra y coacción del voto, con las sentencias TEPJF: SUP-RAP-232 y 607; y el haberse otorgado facultades para anular las elecciones aunque la diferencia entre el primero y segundo lugar sea de más de 5% y alguien alegue la nulidad por el rebase de más de 5% de los gastos de campaña, y que de proceder los candidatos actuales no puedan repetir como candidatos. “Esto no sólo viola el principio de presunción de inocencia sino que aparece como una intención de anular las elecciones, para lo que se amplía sus facultades mediante un procedimiento muy cuestionable”, concluyen.La incertidumbre que genera en el TEPJF, que será el órgano que tendrá la última palabra del actual proceso electoral, es ya todo un foco rojo que todos deberemos vigilar. jbarrera4r@gmail.com
