Martes, 16 de Abril 2024

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Transporte público, un problema político

Por: Diego Petersen

Transporte público, un problema político

Transporte público, un problema político

De acuerdo con el diagnóstico presentado por el secretario de Transporte Público, Diego Monraz, el Gobierno anterior nos mintió de un hilo. Ya sabíamos, lo habíamos publicado, que los padrones realizados por la Secretaría de Movilidad en los primeros años de la Administración de Aristóteles fueron un fraude, que la empresa encargada de hacerlo cobró un dineral y entregó información incompleta. Hoy sabemos también que los que prometieron corregirlo tampoco lo hicieron, razón por la cual cualquier promesa independientemente del partido o la persona que la haga nos debe llamar a la duda.

Diego Monraz, actual secretario, fue ya el titular de Movilidad en el sexenio de Emilio González Márquez y al menos debe saber de qué lado masca la iguana, cuáles son no solo los problemas sino los intereses que hay detrás del transporte público. Saberlo no basta; se requiere voluntad política para enfrentar al animal que hay detrás, ese que solíamos llamar el pulpo camionero que por lo visto es una verdadera bestia difícil de domar.

La decisión de cambiar el sistema de transporte es más política que técnica. Implica que el propio gobernador se meta de lleno en el tema y esté dispuesto a jugarse su capital político

El día de ayer el Gobierno puso un plazo de 120 días para que todos los transportistas terminen su registro y de un año para que el sistema completo trabaje bajo el esquema de ruta-empresa, con salarios justos a choferes, pago electrónico o prepago y frecuencias regularizadas, cosa que hoy no opera ni siquiera en las rutas-empresa que el gobernador saliente dejó “funcionando”. Ojalá así sea, pero si alguien sabe lo que esto implica es el propio secretario de Transporte, desde amparos (él mismo sufrió los que mantienen hoy a rutas en la Calzada Independencia haciendo menos costeable el Macrobús y estrangulando el tránsito) hasta sofisticados sistemas de lavado de dinero y evasión fiscal (razón que explica por qué nadie ha regresado un permiso a pesar de las quejas por la tarifa).

La decisión de cambiar el sistema de transporte es más política que técnica. Implica que el propio gobernador se meta de lleno en el tema y esté dispuesto a jugarse su capital político en la solución. Es un juego de esos en el que puede ganar mucho pero también perder a raudales. No es solo voluntad, pues esa la han tenido al menos de palabra todos los antecesores de Alfaro, desde Álvarez del Castillo a la fecha; gobernadores rudos y negociadores, con gran capital político y con apoyo federal, ninguno lo logró. Todo lo que parecía avance terminó retrocediendo y ante la incapacidad de resolverlo todos terminaron administrando el problema y entregaron un nudo mayor al que recibieron.

El reto es enorme, más no imposible. Implica, eso sí, que lo encabece el gobernador, que alinee al gabinete y sobre todo que comunique con claridad e involucre a la sociedad en este esfuerzo porque de que habrá patadas, las habrá.

(diego.petersen@informador.com.mx)

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