A principios del actual sexenio muchos nos soprendimos y nos irritamos al enterarnos que en el SIAPA, con la complicidad de su área jurídica con despachos de abogados que se conocieron luego como “Talibanes”, se estuvo a punto de pagar 35 millones de pesos a dos ex notificadores por un supuesto despido injustificado.Eran tan delincuenciales esos pagos que, al verse descubiertos, los presuntos empleados afectados acudieron a la Secretaría General de Gobierno a renunciar al cheque millonario que ya les tenía listo la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, también cómplice de esta trama corrupta.La denuncia la hizo el primer secretario del trabajo del gobierno estatal, Eduardo Almaguer, luego de que por años sus antecesores solaparon esta ilegal y corrupta industria de los litigios laborales amañados, a través de los cuales se desviaron por años miles de millones de pesos del erario. Poco ha pasado con la treintena de denuncias penales que permanecen en la Fiscalía, que también estuvo a cargo de Almaguer, y los cuatro siguientes titulares de la Secretaría del Trabajo poco seguimiento le dieron a este asunto.Tal vez por eso, y aunque se lograron algunos cambios legales para poner limites al pago de laudos, este negocio ilegal parece estar de regreso. Tan sólo en los principales municipios de Jalisco, los del Área Metropolitana y las ciudades medias, se han pagado casi 300 millones en los últimos tres años. En Guadalajara tienen un acumulado de laudos por dos mil 400 millones de pesos, y en lo que va de la actual administración de Tlajomulco se han pagado a empleados presuntamente despedidos injustificadamente mas de 73 millones, en Zapopan 70 millones y en Tonalá 23 millones de pesos.Vendría bien que los órganos fiscalizadores de los propios ayuntamientos y del Sistema Anticorrupción verificaran la legalidad de cada uno de estos pagos. Porque la operación de esta modalidad de delincuencia organizada, que bien puede tener como fin medrar del erario o perpetuar a amigos y parientes en las nóminas públicas, es simple: se instruye a un mal servidor público para inventar un despido ilegal, los departamentos jurídicos de las dependencias hacen una mala defensa y los “talibanes” engordan los juicios para cobrar lo más caro posible a las distintas administraciones municipales o estatales.Algo así parece estar pasando en algunas dependencias de Zapopan, En los centros de salud, por ejemplo, aseguran que a los empleados de confianza, cuyos contratos vencen el 15 y 30 de septiembre, se les están descontando indebidamente retardos que sólo aplican a trabajadores de base que están bajo un contrato colectivo. Así, a quien no le renueven el contrato, podrá ir a la Junta de Conciliación y alegar un despido injustificado invocando el Capítulo 11 del Artículo 101. Bien harían en Zapopan y el resto de los municipios en ponerle lupa a esos trámites para evitar que, en unos años, se conviertan en indemnizaciones o reinstalaciones millonarias que les aumente su deuda por los “laudos talibanes”.jbarrera4r@gmail.com
