La tentación autoritaria en la que cayó antier el Gobierno de Zapopan, que preside el alcalde Pablo Lemus Navarro, al pretender prohibir a EL INFORMADOR publicar un desplegado comercial bajo la amenaza de romper las relación institucional “en todos los aspectos” con este medio, además de reprobable e inaceptable, es una prueba más de la regresión que grupos políticos emergentes tienen en su forma de concebir su relación con los medios.Cuando todos pensábamos que habíamos superado aquellos tiempos antidemocráticos del siglo pasado cuando desde el Presidente de la República, hasta gobernadores y alcaldes emanados del PRI como partido prácticamente único, aplicaban la máxima del “no pago para que me peguen”, hoy parece resurgir con más fuerza.Lo más preocupante es que esta visión patrimonialista de castigar o premiar con los presupuestos públicos a los medios de comunicación en la medida que se sometan o no a las voluntades e intereses de la clase política y/o gubernamental, es que hoy la enarbolan las nuevas generaciones de políticos, presuntamente de una época más democrática, y que en teoría la enterrarían para siempre.Lamentablemente lejos de ser los exterminadores de estas perversiones políticas, están corrigiendo y aumentando estas actitudes intervencionistas atentatorias de la libertad de expresión ya no sólo de los medios y de los periodistas, sino de los ciudadanos que se quieren expresar a través de desplegados pagados.La resurrección de la “mordaza” viene vigorizada por la narrativa de la presunta autonomía comunicacional de los gobiernos que a cuenta del contribuyente, invierten sumas millonarias inéditas en las redes sociales digitales, desde donde tildan de “basura” a medios tradicionales, en los que sin embargo buscan interferir en sus líneas editoriales, sobre todo si son críticas e incómodas.En ese sentido fue ejemplar la postura de EL INFORMADOR de rechazar esta amenaza, y dejar claro que su independencia y su compromiso con la libertad de expresión no son negociables con ninguna autoridad. Muy oportuna fue también la aclaración en el sentido de que publicar el desplegado del empresario de espectaculares, Francisco Padilla, no implica avalar los términos del mensaje ni sus formas de proceder, sino simplemente respetar el derecho de cualquier ciudadano de opinar sobre un asunto público.Me cuesta creer que Pablo Lemus de verdad esté del lado de la censura y el control de los medios. Eso asomó ayer en el comunicado que emitió por este desafortunado episodio. Ojalá sea el primer paso para reconocer este error e invitación para que esta nueva generación de políticos que recién llegan al poder honren los valores de la apertura y tolerancia a la crítica que rigen este momento histórico, y no se pudran verdes en el espejismo de la cerrazón, la soberbia y el autoritarismo.jbarrera4r@gmail.com
