Luego de la presentación, la semana pasada, del dictamen de la llamada Reforma Anticorrupción 2.0, habrá que estar muy atentos a su dictaminación en las comisiones legislativas y su aprobación en el pleno del Congreso local. En teoría, por tratarse de uno de los primeros procesos de parlamento abierto en Jalisco que se dio en seis mesas de trabajo realizadas en junio y julio pasado, en las que trabajaron organizaciones de la sociedad civil y diputadas y diputados, la aprobación debe darse a la brevedad y de forma unánime. Como lo comenté aquí la semana pasada, esta reforma es fruto del Pacto por la Integridad y por el Bien Ser del Estado, para combatir la corrupción y la impunidad, al que convocó el 28 de marzo el líder de los comerciantes en la entidad, Xavier Orendáin, en el marco del 130 aniversario de la Cámara de Comercio de Guadalajara.En el dictamen se plantean modificaciones constitucionales y cambios a 15 leyes estatales que buscan mejorar la articulación de las instancias y dependencias que integran el Sistema Estatal Anticorrupción (Comité de Participación Social, Fiscalía Anticorrupción, Contraloría Estatal, el Instituto de Transparencia, la Auditoría Superior del Estado, el Consejo de la Judicatura y el Tribunal de Justicia Administrativa), implementar un modelo abierto de adquisiciones y contrataciones gubernamentales y una unidad de inteligencia financiera, entre otras cosas.Con esta reforma se pretende relanzar un Sistema Estatal Anticorrupción que a dos años de su creación está lejos de cumplir con las expectativas que despertó este modelo que por primera vez en la historia incluyó un componente ciudadano como lo es el Comité de Participación Social (CPS).En las últimas semanas, este Comité, integrado por cinco expertos y expertas en materia de transparencia, rendición de cuentas y lucha anticorrupción, así como la Secretaría Ejecutiva, han sido cuestionadon en su independencia y por las disputas de poder internas. Así lo advirtió el Observatorio Ciudadano del SEA al señalar que algunos de sus órganos estaban siendo amenazados de sufrir infiltraciones de individuos o grupos de poder que lo que menos quieren es la consolidación del sistema anticorrupción, para preservar canonjías, privilegios y corruptelas que les garantizan la impunidad que siempre ha gozado la clase política y gubernamental.Tanto el CPS, como la Secretaría Ejecutiva y el resto de las dependencias que integran el SEA deben aprovechar el momento y ser los primeros en honrar lo estipulado en la Reforma Anticorrupción 2.0, solucionando sus conflictos internos que entorpecen su funcionamiento y mostrar con hechos que su independencia está intacta.Materia les sobra. El mismo Observatorio les trazo la ruta al cuestionarlos por no dar seguimiento a casos como el de las Villas Panamericanas, la Secretaría de Salud, Ciudad Creativa Digital, Casa Jalisco en Chicago, la licitación del programa A Toda Máquina y la Línea 3, entre otros casos. No debe haber pretextos.jbarrera4r@gmail.com
