Dos policías investigadores de la Fiscalía Especializada en Personas Desaparecidas, José Jaime Luévanos Márquez y Édgar Andrés Flores Olivares, fueron privados de su libertad y luego asesinados cuando hacían las diligencias para localizar a una persona reportada como desaparecida. Sucedió en los valles del Poniente de Guadalajara, en Etzatlán, justo donde el crimen organizado ha sentado sus reales para instalar los campamentos de entrenamiento a donde lleva a la fuerza o con engaños a jóvenes que buscan trabajo. Son nuevas formas de esclavitud que han surgido en pleno siglo XXI justo en nuestras narices, a una hora del Centro de Guadalajara. Hace unos años estaban en la sierra de Ahuisculco, en Tala; el más reciente fue el campamento reportado en Talpa, al sur de los valles del río Ameca. Y seguro hay muchos otros que aún no conocemos.Más allá de que se investigue si los protocolos se seguridad que se aplicaron en esta investigación fueron correctos y suficientes, la muerte de policías en todo el Estado comienza a ser un asunto que debe hacer sonar las alarmas. No solo se trata de un desafío a la autoridad sino de una vulnerabilidad de la profesión que nunca habíamos visto en el Estado. En 2018 fueron 24 los policías asesinados en Jalisco; al ritmo que vamos este año será peor.La Fiscalía suele tener una capacidad de respuesta cuando se trata de agresiones a policías que no tiene cuando se trata de un ciudadano común y corriente. Más allá de eso que a simple vista parece un favoritismo (cuando tocan a uno de los nuestros sí respondemos) la importancia de la respuesta es que no quede el mensaje de que el crimen organizado tiene más capacidad logística y de fuego que las fuerzas el orden, pero sobre todo que los policías se sientan respaldados.Proteger a los policías, darles no solo fuerza institucional sino certeza de que están del lado correcto es cada día más complicado no solo porque enfrente, en el lado del crimen, hay cada día más capacidades y dinero, sino porque del lado correcto lo que encuentran son trabas, malos salarios, poca capacitación y mucha burocracia. Si bien es cierto que en esto la responsabilidad principal es del Gobierno en turno, pues son ellos los responsables de brindarnos seguridad, es indispensable que como sociedad civil no solo apoyemos, sino que mandemos los mensajes correctos, desde el reconocimiento social a la labor policiaca hasta la solidaridad con el gremio y con las familias afectadas.Hay que tenerlo claro: no están matando policías; están matando a nuestros policías.(diego.petersen@informador.com.mx)
