Jesús Murillo Karam, el ex procurador cansado, aceptó con apacible resignación la orden de arresto en su contra. Ante el nerviosismo del agente de la FGR, que calificó el momento de penoso al leerle la cartilla, el priista acotó: “No es penoso, es político”. En 2019, el ex procurador concedió una de sus últimas entrevistas a Televisa. Ahí dejó clara su postura sobre la “verdad histórica” en torno a la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa. En esa ocasión reiteró que tres de los normalistas fueron quemados en el basurero de Cocula y que “un grupo grande, no sé si los 43”, habían sido incinerados allí mismo. De hecho, ante los señalamientos de tortura, habló de alrededor de 600 pruebas legítimas que demuestran su “verdad histórica”.Por supuesto rechazó cualquier acto de tortura, aunque reconoció que ordenó investigar tres casos durante su gestión. En su defensa, refirió la exhaustiva investigación de la CNDH que, aseguró, coincide con su versión de los hechos. Con su acostumbrada parsimonia, cuando le mencionan que para esas fechas (hace tres años), el 70% de los detenidos por el caso Ayotzinapa habían sido liberados, frunció el ceño y culpó al juez “por no leer el expediente” porque “ahí está todo”. Finalmente, cuestionado ante una posible acusación de tortura, desaparición forzada y obstrucción de la justicia (delitos por los que ahora se le procesa), el ex procurador respondió, retador: “Estoy a su disposición, me encanta la idea” (le hablaba a Encinas). Y remató: “Le soy franco, volvería a hacer lo mismo”. Si uno contrasta las conclusiones del informe de la Comisión para la Verdad y Acceso a la Justicia del Caso Ayotzinapa, nota de inmediato que esencialmente se mantiene la misma versión de Murillo Karam, pero con pequeñas diferencias. Por ejemplo, la Comisión niega que los normalistas se dirigieran a sabotear el mitin de la esposa del alcalde de Iguala, pero confirma que en el basurero de Cocula se incineraron a tres estudiantes. Sobre el destino del resto de los normalistas, plantea la misma incógnita acerca de su paradero y destino: “Se desconoce el método de ejecución del grupo de estudiantes”. Es decir, no resuelve el caso de fondo. El componente central del informe de Encinas gira en torno a la fabricación, manipulación y alteración de pruebas de funcionarios de los tres órdenes de gobierno del más alto nivel. Es decir, plantea la responsabilidad del Estado para el asesinato y desaparición de los normalistas. En esencia, lo que ya sabíamos, nada más que ahora añade dos nombres con peso político: Murillo Karam y Tomás Zerón, ex titular de la Agencia de Investigación Criminal, quien “era el que andaba mandado limpiar todo el caso de los chicharrones”, según el informe de la Comisión. Salvo estas acusaciones y las órdenes de aprehensión contra más de 80 involucrados, la verdad sobre Ayotzinapa se mantiene esencialmente en los mismos términos: desconocida. Encinas resumió involuntariamente esta contradicción con sus primeras palabras al rendir el informe del caso: “La única verdad sobre la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa es que no había verdad alguna, y un compromiso con los padres y madres de familia es que siempre les vamos a decir la verdad”. La investigación termina en donde todo comenzó. Sí, es penoso y es político.
