Durante décadas la migración hacia Estados Unidos ha sido un tema central de la relación con nuestros vecinos. Desde el programa braceros hasta el punto más alto de ingreso de mexicanos hace unos 10 años, la emigración acumuló decenas de millones de personas que legal o ilegalmente cruzaron la frontera.Ahora mismo en la mayor parte de las familias mexicanas hay, cuando menos, un miembro de primero o segundo grado que vive o ha vivido en el país vecino. Las familias viven de los lados de la línea.Dentro del profundo fenómeno social la migración infantil es quizá el tema más delicado por sus implicaciones, legales, humanitarias, políticas y de agitación social. Desde hace algunos años las normas norteamericanas se han ido endureciendo para forzar la deportación de padres sin papeles, de los hijos nacidos en Estados Unidos. Las escenas de los pequeños arrancados de los brazos de sus padres han llenado planas y pantallas.El presidente Trump ha sido implacable con su política migratoria que ha traído redadas y deportaciones sin precedente. El mes pasado el mandatario ordenó un nuevo esfuerzo para enjuiciar penalmente a cualquier persona que cruzó la frontera ilegalmente, y aunque estableció algunas excepciones para los padres que viajan con sus hijos menores de edad, los hechos han mostrado un enorme incremento de niños sin padres depositados en refugios.Ahora mismo miles de menores están detenidos en refugios improvisados, en un hecho indignante que no puede pasar desapercibido. La administración estadounidense ha buscado echar la culpa falsamente a los demócratas. Pero los hechos son duros: estos niños sufren, tienen miedo y son sometidos a un tratamiento injusto e inhumano. El Gobierno de México debe alzar la voz ante este hecho que lastima a miles de familias de mexicanos y centroamericanos.La difícil coyuntura política no justifica dejar de lado un hecho que visto con la perspectiva de la historia puede ser juzgado como una política violatoria de los principios más elementales del respeto a la dignidad humana. Las organizaciones no gubernamentales de los propios Estados Unidos han levantado la voz para denunciar esta atrocidad política.Los asesores de la Casa Blanca, como Stephen Miller, han dicho que se trata de una política de tolerancia cero a la entrada ilegal, sin reparar en las consecuencias humanitarias, pero en respuesta un senador respondió: “Esta no es una política de cero tolerancia, esta es una política de cero humanidad, y no podemos dejar que siga”.El tema no es estrictamente un asunto interno por las consecuencias sobre los mexicanos y por tanto la voz de México y su Gobierno debe levantarse en defensa de ellos y de la dignidad. Si no aparece una reacción pronto, los mexicanos residentes en el exterior rebasarán la acción de las autoridades y comenzarán a incrementar sus protestas en las calles. Este es un tema fundamental en la agenda de la relación bilateral que se ha convertido en urgente.
