Domingo, 27 de Septiembre 2020
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Movimiento Ciudadano vs. participación ciudadana

Por: Jaime Barrera

Movimiento Ciudadano vs. participación ciudadana

Movimiento Ciudadano vs. participación ciudadana

Muy poco honor ha hecho la bancada mayoritaria del partido Movimiento Ciudadano en el Congreso local al nombre de ese instituto político al cumplir más de una año de retraso en la integración del Consejo de Participación Ciudadana, Transparencia y Ética en el Servicio Público.

Una primera convocatoria para integrar este consejo indispensable para que transiten iniciativas y mecanismos de participación ciudadana lo echó abajo la mayoría naranja hace más de un año, luego de la aprobación de una iniciativa del gobernador Enrique Alfaro que se enriqueció con un ejercicio de parlamento abierto, que coordinó la comisión de participación ciudadana, que preside la diputada priista Mariana Fernández, junto con la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana del gobierno estatal, para crear así la Ley del Sistema de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza.

Poco importó que a esa invitación que emitió la LXII Legislatura a través de la comisión de participación ciudadana, y que estuvo publicada más de diez días a partir del 25 de julio del 2019, hayan respondido 23 aspirantes que acudieron a la mesa de registro instalada del 19 al 31 de agosto, de los cuales 21 fueron dictaminados como elegibles.

Inexplicablemente la fracción mayoritaria del partido Movimiento Ciudadano se opuso a ese dictamen, rompió el quorum y provocó que la convocatoria se declarara desierta.

Ese desinterés mantiene a esta nueva Ley en la inutilidad total cerrando así la posibilidad de que los jaliscienses hagan uso de los mecanismos y herramientas de participación ciudadana que ahí se incluyen.

Una de las modalidades de participación contempladas en esa Ley es justamente la iniciativa ciudadana como la que presentó hace unas semanas la asociación política Hagamos llamada “sin cuates ni cuotas” para regular las designaciones públicas y que diseñaron luego de la grave crisis política que provocó el asalto que hizo la LXII Legislatura la madrugada del 19 de junio al Consejo de la Judicatura, al imponer irregularmente a tres de sus integrantes.

Reunieron más de 30 mil firmas que ya fueron validadas por el Instituto Electoral y de Participación Ciudadana (IEPC) pero que está congeladas en el Congreso porque no está integrado el Consejo que se abortó, como señalé arriba, hace más de un año.

La embestida de la mayoría naranja y sus aliados en el Congreso local contra el Comité de Participación Social (CPS) del Sistema Estatal Anticorrupción (SEA) por sus críticas a la ilegalidad del nombramiento de las y el consejero de la Judicatura, y la dilación y los obstáculos impuestos para integrar este consejo que haga operar la Ley de Participación Ciudadana confirman lo incómodo que les resultan los contrapesos ciudadanos a la hora de la toma de decisiones, sobre todo cuando se trata de hacer nombramientos, donde sólo quieren colocar a incondicionales que no se atrevan a contravenirlos. Por eso urge presionar para que en el Congreso integren este consejo o que se apruebe ya que el IEPC cumpla sus funciones mientras no exista. Basta ya de pretextos y coartadas para buscar acallar desde el poder a la voz ciudadana

jbarrera4r@gmail.com
 

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