La visita a Temacapulín de Víctor Toledo, el nuevo titular de la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat) y su abierta empatía por la lucha de resistencia de esa localidad contra el megaproyecto hidráulico de El Zapotillo, pone en un predicamento el acuerdo de entendimiento pactado entre el gobernador de Jalisco, Enrique Alfaro Ramírez, y el de Guanajuato, Diego Sinhue Rodríguez Vallejo.Con el acuerdo del pasado 29 de junio, los gobernadores de Jalisco y Guanajuato presionaban para que el Gobierno federal que encabeza Andrés Manuel López Obrador finalmente terminara por respaldar la conclusión del megaproyecto hidráulico compuesto por la presa El Zapotillo y el trasvase del agua del río Verde, hacia la ciudad de León, mediante un acueducto de 140 kilómetros.Pero este plan puede reconfigurarse radicalmente si nos atenemos a la declaración del titular de Semarnat, ayer en Temacapulín: “Él tomará la decisión (López Obrador), pero todo apunta efectivamente que hay una multitud de argumentos en la que están mostrando la inviabilidad del proyecto de la presa”.Inviabilidad de la presa implica la posibilidad de que, tal como ocurrió con el Nuevo Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (NAICM) en Texcoco, al final el Gobierno federal decida cancelar el proyecto, a pesar de la inversión pública ya comprometida.Pero en Temacapulín el secretario de Semarnat expuso que Temacapulín no es el único conflicto social en contra de un megaproyecto en México. Según sus cuentas, en el mapa del país hay más de 500 conflictos llamados socio-ambientales, derivados de las contradicciones que se producen entre los intereses colectivos de los pueblos y comunidades, contra los de corporaciones que pretenden apropiarse de territorios o bienes comunes para explotarlos de modo privado.En realidad hay más de los 500 conflictos sociales que los reconocidos por Víctor Toledo, pues únicamente la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema) tiene un registro de más de dos mil comunidades afectadas por la minería.El actual titular de Semarnat, a diferencia de los titulares de esta dependencia en los sexenios anteriores, es un crítico de los megaproyectos. De hecho, en su artículo de ayer en La Jornada llamó a estos conflictos “infiernos ambientales”.El problema es que la decisión no está en sus manos, sino al final de cuentas en las de López Obrador que parece más favorable a este tipo de planes, con el discurso de que llevan progreso y desarrollo a los pueblos.Si bien es cierto que el Presidente canceló el NAICM, también dio su visto bueno al Proyecto Integral Morelos al que se oponen una veintena de pueblos de ese Estado, Puebla y Tlaxcala. Además, López Obrador ha definido como asuntos prioritarios los megaproyectos del corredor interoceánico y el Tren Maya, proyectos resistidos también por decenas de pueblos del Istmo y de la península de Yucatán.Si bien se manifiestan estas diferencias entre López Obrador y su titular de Semarnat, los planes impulsados por el Gobierno de la 4T parecen más encaminados hacia la realización de este tipo de megaproyectos, en lugar de promover formas de desarrollo acordes con las decisiones de los propios pueblos y comunidades asentadas en esos territorios.
