Dice el gobernador Enrique Alfaro que la violencia feminicida es algo que va más allá de lo que pueda hacer un Gobierno porque eso surge en el seno del hogar producto de la descomposición social. Lo que dice también el gobernador, sin decirlo pero diciéndolo, es que el Estado que encabeza estaba imposibilitado para evitar los feminicidios de Norma Imelda, Ericka Nohemí, Norma Alicia, Alondra, Liliana y la tentativa de feminicidio de Sandra Paola. Significa entonces que el Estado sólo puede ser un testigo mudo y notarial de la muerte de mujeres, ajeno a la descomposición social que el gobernador “denuncia” porque el Estado, suponemos, sólo es un agente económico para facilitar los negocios, no para garantizar la vida. Otra vez, igual que cuando Alfaro dijo que ni todas las medidas del Gobierno habrían evitado la muerte de Luz Raquel, otra vez, gobernador, te pregunto con las mismas palabras: si el Estado no puede evitar el feminicidio de todas las Luz Raquel, las Erickas Nohemí, Alondras, Lilianas, Normas… ¿entonces cuál es la razón de ser de un Estado si no es capaz de garantizar la vida? ¿Cuál sería la razón de ser de tu investidura si justificas de esa forma la barbarie?Dice el gobernador que la violencia feminicida no es un asunto de policías y patrullas, aunque un policía y una patrulla serían el último recurso para neutralizar o abatir al feminicida de Poncitlán y al taxista que arrolló a Ericka Nohemí en Puerto Vallarta. Un policía oportuno es el último recurso -el más caro y el más difícil de anticipar- cuando todos los mecanismos fallaron: Alondra, Luz Raquel, Vanessa Gaytán y tantas otras habían denunciado, pero la burocracia desalmada del Estado las condenó. Al menos, gobernador, ¿sabes cuántas mujeres asesinadas en tu sexenio habían denunciado por violencia de género, cuántas tenían antecedentes por maltrato o violación? ¿Los programas de tus secretarías buscan todos los días a esas mujeres que hoy están vivas? Dice Alfaro que el Gobierno no puede estar dentro de los hogares o intervenir en las relaciones personales de nadie, y así justifica, por medio de una confesión involuntaria y sutil, su entendimiento real de la violencia de género. Para el gobernador, el feminicidio, la violencia física y sexual que sufre una mujer dentro de su hogar es parte de sus “relaciones personales” y no un delito punible. Parece que el mandatario ve una relación sujeto-objeto entre el hombre y la mujer, y en esa dinámica, dice, el Estado no puede intervenir. La mujer como propiedad privada y no como víctima. El hombre como soberano absoluto de sus “cosas” en el ámbito privado (su mujer entre ellas). La visión del gobernador es mercantil y cosificante: lo femenino como una posesión patrimonial inalienable. La esfera pública y privada, dualidad necesaria para la existencia de la polis, se difumina. Estos empresarios en el Gobierno confunden la propiedad privada con la vida. Dice el gobernador, lo que sí nos toca hacer es detener y encarcelar a quienes cometan estos actos brutales. Cero impunidad para los feminicidas. ¿Eso sí les toca? En efecto, han sido encarcelados cinco feminicidas este año. Pero plantearlo en esos términos sería aceptar que a esas mujeres les tocaba morir porque en el sexenio del “se prenden fuego solas”, las mujeres deben morir para encontrar justicia. jonathan.lomelí@informador.com.mx
