La búsqueda se prolongó durante años, pero ahora puede considerarse un hallazgo, pues la lucha que cientos de familias han sostenido a través de denuncias, manifestaciones, plantones o resemantizar los monumentos para visibilizar un problema social que se mira de sesgo, y que ha crecido un 300 por ciento en los últimos cinco años, ahora tiene una voz a través del Consejo Estatal Ciudadano que hace unos días rindiera protesta en el Congreso del Estado y a través del cual las familias que han sufrido la desaparición de uno de sus integrantes pueden involucrarse en las políticas públicas en dicha materia.Ahora, especialistas, representantes de organizaciones de la sociedad civil y familiares de personas desaparecidas trabajarán de la mano de las autoridades para apoyar a quienes piden justicia. Si bien los casos mediáticos generan respuestas asombrosamente rápidas, por la presión pública, se contabilizan más de 12 mil 500 personas desaparecidas en el Estado, y todas merecen ser buscadas; cada familia tiene la misma importancia, pues de no hacerlo se incurriría, además, en discriminación y tortura.La realidad ha cambiado mucho desde hace seis años, cuando en Jalisco se contabilizaban aproximadamente tres mil casos de desaparecidos. Desde entonces, el Estado ocupa los primeros sitios en el país en este rubro, y más allá del evidente problema de seguridad pública, el fenómeno obligó a cambiar las prácticas en el trato e identificación de los cuerpos encontrados y enmarcó una deficiencia en la atención a las víctimas, pues las autoridades deben garantizar los derechos fundamentales de las familias para ser informados sobre los avances de las investigaciones: un ámbito casi desierto.De acuerdo con Ana Chimiak, integrante del Consejo Ciudadano para las personas desaparecidas y codirectora del Centro de Justicia para la Paz y el Desarrollo (Cepad), la impunidad es el mayor problema, ya que si no hay sanciones se incentiva el delito.El mayor reto, de acuerdo con Ana, se encuentra en las desapariciones forzadas, las que involucran a las autoridades, ya que no hay información oficial. Los casos más recientes en el Estado se registraron en junio de 2020, durante la manifestación en el Centro de Guadalajara por el homicidio de Giovanni López, cuando decenas de personas fueron privadas de la libertad por varias horas, despojadas de sus pertenencias y posteriormente liberadas en zonas incomunicadas, y por el que se judicializaron a más de noventa elementos de la Fiscalía del Estado.Fue lento y requirió de una enorme presión pública, pero este año se han logrado avances significativos, no sólo por el Consejo Ciudadano, sino también porque ya entra en vigor la Unidad Especializada de Investigación del Delito de Desaparición Forzada de Personas en Jalisco que esperó más de año y medio para que fuera una realidad luego de su aprobación en noviembre de 2019, pues el pasado 22 de mayo, finalmente, se publicó en el Periódico Oficial del Estado. Ahora sólo falta que el organismo trabaje apegado a la ley y rinda cuentas, pues depende directamente de la Fiscalía del Estado, la institución con más recomendaciones emitidas en materia de desaparición y tortura por la Comisión Estatal de Derechos Humanos Jalisco.Es tiempo de avanzar. Revertir el abandono de las instituciones, establecer nuevos esquemas interinstitucionales y protocolos. Las autoridades tienen un reto por cumplir, con el reflector de la sociedad encendido para dejar de caminar en silencio y en la oscuridad hasta encontrar a los desaparecidos.7puntociego@mail.com
