El 10 de junio de 1971, el Estado mexicano cometió uno de los más brutales y graves hechos represivos, conocido como el Halconazo, en contra de una marcha de estudiantes de la Ciudad de México y otros estados en solidaridad con una huelga en la Universidad Autónoma de Nuevo León. Parecía que el movimiento estudiantil-juvenil se reactivaba apenas tras la masacre del 2 de octubre de 1968. Para impedir que el movimiento creciera, el gobierno que encabezaba Luis Echeverría Álvarez desplegó el operativo represivo del 10 de junio operado por un grupo llamado Los Halcones, patrocinado desde la regencia de gobierno de la Ciudad de México. En el Halconazo murieron unas 120 personas, en su mayoría adolescentes y jóvenes. Echeverría nunca asumió su responsabilidad en estos actos criminales, pero la historia lo ha juzgado como responsable. 49 años después, y donde ya no impera el viejo autoritarismo priista, vimos el viernes pasado un operativo que bien puede llamarse el Halconazo tapatío. No es excesivo resaltar la gravedad de lo que ha ocurrido en Jalisco en los últimos días, especialmente la tarde-noche del viernes 5 de junio con la operación de escuadrones de policías ministeriales que privaron ilegalmente de la libertad a decenas de jóvenes. Como se sabe, la mayoría de los detenidos-desaparecidos pretendían asistir a la manifestación convocada afuera de la Fiscalía General de Jalisco (FGE) en reclamo de la libertad de los detenidos en la protesta contra el asesinato de Giovanni López Ramírez. Pero a decenas de ellos se los impidió un operativo represivo desplegado por policías de la Fiscalía que se organizaron en escuadrones armados rudimentariamente con palos, tubos, palos de golf, bates de beisbol y tablas con clavos. Con esas armas y con agresiones verbales detuvieron y subieron a las camionetas que no portaban distintivos oficiales para llevarlos a instalaciones de la Fiscalía y a otros centros de detención que bien pueden ser cárceles clandestinas utilizadas por estas fuerzas de seguridad. Durante el Halconazo tapatío, el Estado de derecho y las garantías individuales fueron suspendidas. Con total impunidad, decenas de policías convertidos en escuadrones represivos privaron ilegalmente de la libertad a decenas de personas. Es sumamente grave tener la confirmación de que elementos de una de las principales fuerzas de seguridad pueden privar de la libertad con absoluta impunidad, lo que se traduce en desapariciones forzadas. Toda la forma de proceder de esos escuadrones que actuaron en el Halconazo tapatío hablan de graves situaciones por las detenciones, las golpizas, pero en particular la forma de inducir temor y terror en los detenidos. Varios testimonios de los detenidos hablan de que se les amenazó de que los iban a entregar al “cártel” o que los iban a desaparecer y descuartizar. El gobernador Enrique Alfaro Ramírez ha dado una explicación inquietante a estos hechos. Sostuvo que ni él ni el fiscal Gerardo Octavio Solís Gómez dieron instrucciones para que se cometiera el dispositivo represivo y apuntó a una posible infiltración del crimen organizado. La versión del gobernador es muy grave, pues podría dar a paso a la confirmación de que en ocasiones fuerzas de seguridad y organizaciones del crimen organizado trabajan conjuntamente. Es un hecho muy grave considerando que varias familias de personas desaparecidas han denunciado la actuación de policías en la comisión de desaparición forzada.Es lamentable que 49 años después del Halconazo en la Ciudad de México se repitan en Guadalajara escenas de policías reprimiendo impunemente y cometiendo, en este caso, desapariciones forzadas. Se ha prometido una investigación a fondo. Esta investigación debe dar cuenta de qué tan infiltrada está la Fiscalía y todas las policías en el Estado, sancionar a los que reprimieron y desaparecieron y el compromiso de no repetición de hechos tan graves como los del viernes 5 de junio, que quedará marcado en el calendario de la represión política en México.
