Qué ironía: el gobierno del estado confesó de forma involuntaria sus deficiencias para atender la crisis de desapariciones durante la presentación del plan estatal «En Jalisco, estamos buscando». Enumero diez puntos que identifiqué a partir de la misma información que proporcionó la autoridad:1. Presumieron el hallazgo de 10 mil 675 desaparecidos en este sexenio. No lo destacaron, pero el 16% fue localizado sin vida, una cifra inaceptable que revela la ineficiencia en el plan de búsqueda. 2. El gobernador destacó un aumento presupuestal en el rubro de 67% de 2019 a la fecha, mismo periodo en que casi se duplicaron los desaparecidos en el estado. ¿Es de presumirse un mayor gasto con resultados negativos? Sólo hay dos opciones: un gasto insuficiente o ineficiente. 3. Blanca Jacqueline Trujillo, fiscal de desaparecidos, destacó «690 personas judicializadas» por desaparición y delitos relacionados, pero vincularon a proceso sólo a 354, es decir, apenas la mitad cuando sólo este sexenio registra más de seis mil desaparecidos. La incompetencia en la investigación y judicialización de casos alcanza proporciones catastróficas. 4. La fiscal de desaparecidos omitió informar sobre sentencias, por lo cual inferimos que… ¿no las hay? 5. Imposible escuchar esta declaración en el sentido de logro y cumplimiento del deber como lo planteó la fiscal: «Hemos localizado 110 fosas en lo que va de esta administración. En estas fosas hemos recuperado mil 266 seres humanos». 6. El anuncio «vía render» del Centro de Acompañamiento Psicosocial ante la Desaparición de Personas de la Fiscalía de Desaparecidos, ¿no debió arrancar con el sexenio? 7. La fiscal de desaparecidos propuso analizar los datos «para saber por qué las personas desaparecen» y clasificar si una persona desaparecida fue víctima de un delito o no. Traducción: carecen de información estratégica sistematizada e ignoran con datos confiables por qué desaparecen las personas. Ya he remarcado la importancia de esta información para dimensionar los resultados del esfuerzo institucional en la búsqueda de personas. La cifra de localizados con y sin vida, víctimas y no de un delito ligado a la desaparición, dimensiona el problema, pues la mayoría de los localizados se van por voluntad propia y así regresan. No hay mérito institucional en su localización. 8. Francelia Hernández, Comisionada de Búsqueda, destaca que se trabaja en un Registro Estatal de Personas Desaparecidas. Este registro es una obligación de la ley estatal de desaparecidos vigente desde hace más de un año. ¿Por qué aún no contamos con una base de datos tan esencial? 8. Gustavo Quezada, director de Ciencias Forenses, anunció un Centro de Identificación Humana para atender con un «enfoque masivo» la identificación forense de cuerpos. Lo que reconoció de manera implícita el director es que el enfoque actual es insuficiente pese al discurso del gobernador de que no están rebasados. 9. La omisión, nuevamente, para invitar a las familias de desaparecidos se convirtió en una acción deliberada de exclusión. Margarita Sierra, secretaria de Planeación y Participación Ciudadana, incluso celebró la presencia de los comisarios, pero nada dijo de las familias. 10. Las palabras finales de la secretaria resumen el espíritu del evento: «Gobernador: cómo agradecerte que hayas tenido este gesto con cada una de las áreas de trabajo. Gracias, Enrique. Nos despedimos con el gozo no sólo de plantear este proyecto sino de que el gobernador ya decidió invertir». Gracias, Enrique. ¿Dirán lo mismo las familias de los más de 13 mil desaparecidos?
