Los al menos ocho asesinatos de mujeres que se han registrado en los primeros 10 días de este 2020 prenden los focos rojos y vuelven a dejar en evidencia, como sucedió a lo largo de 2019 y en años anteriores, que debe ser prioritario para las autoridades de los tres niveles de gobierno corregir las políticas que a todas luces no han podido disminuir la violencia de género, cuya expresión más extrema son los feminicidios.Los homicidios de mujeres ocurridos en el arranque de este año se eslabonan a todos los ocurridos el año pasado que ubicaron a Jalisco en los primeros lugares de este delito, pero también a otros casos de violencia contra las mujeres que se hicieron virales a fines del 2019 en redes sociales como los de #LordCafé y #LordMantenimiento, claros ejemplos de machismo, y que se suman a todas las denuncias de acoso callejero, laboral y escolar.Sin duda, esta problemática que hizo crisis a fines del año pasado y ha marcado el inicio del 2020 obliga a las autoridades a diseñar una agenda urgente para atender este lastre que tiene en la vulnerabilidad absoluta a miles de mujeres.Como pasó hace un año, en el inicio del gobierno de Enrique Alfaro con la desaparición del Instituto de la Mujer, lo primero que habrá que hacer es limar asperezas entre las organizaciones feministas de la sociedad civil con la Secretaría de Igualdad Sustantiva que inauguraron el año con intercambio de críticas y descalificaciones.Otro punto de esa agenda deberá atender las deficiencias institucionales que han hecho inoperables las alertas de género y las órdenes de protección, como las que señaló el año pasado la Comisión Nacional para Prevenir y Erradicar la Violencia contra las Mujeres (Conavim) de las que las autoridades estatales y municipales, (excepto Guadalajara) han incumplido con el diseño de protocolos para operativizar esas alertas.Otro grave pendiente que quedó abierto el año pasado y que debe tener un obligado seguimiento es la grave tendencia de casos de jueces y magistrados, que están impartiendo justicia contra toda perspectiva de género, y dejando en libertad a agresores y asesinos de mujeres.Están ahí dos casos en los que organizaciones feministas advierten irregularidades en los procesos y en las sentencias que liberaron a los culpables del homicidio de Heidi Jurado y Yolanda Palomar Bonilla.Aunque en el Congreso del Estado acordaron pedir información de estos expedientes al Poder Judicial el año pasado, luego de que jueces y magistrados ordenaron la liberación de los presuntos feminicidas al inicio de su periodo vacacional decembrino, nada se ha sabido hasta hoy.Por eso esta agenda debe alcanzar también al Poder Judicial y al Consejo de la Judicatura que deberían estar investigando estos casos ya y no a la espera de que alguien se los pida por escrito.jbarrera4r@gmail.com
