Una máxima jurídica entre abogados reza que los ciudadanos podemos hacer todo lo que no prohíbe la ley, pero los funcionarios sólo pueden hacer lo que la ley les permite de forma explícita.Los lineamientos para la consulta popular sobre el pacto fiscal en Jalisco prohíben a los partidos políticos la promoción del ejercicio y ceden al IEPC Jalisco su organización, promoción y difusión. A la luz de la máxima citada, parecen claros los alcances de esta norma.Sin embargo, Paula Ramírez Höhne, nueva consejera presidenta del IEPC Jalisco, designada hace menos de un mes, dio carta libre a funcionarios para la promoción de la consulta. No sólo eso, aseguró que la prohibición viola la ley, y atenta contra los derechos humanos y la libre expresión de burócratas. En resumen, la consejera rechazó añadir a los lineamientos de la consulta la prohibición explícita para que intervengan funcionarios en la promoción.Con esta postura, le lavó la cara al Poder Ejecutivo y validó que altos funcionarios de la Secretaría de Turismo Jalisco coaccionen a sus subordinados para entregar 20 contactos que voten por el «sí» en la consulta. Una práctica de promoción que, según reconoció el Gobierno de Jalisco en un comunicado, ocurre en todas las secretarías.La conclusión escandaliza. Si estuviéramos en una campaña electoral, esto se llamaría desvío de recursos públicos: un delito. No puedes emplear el aparato del Estado para incidir en el resultado de una elección.La postura de la consejera es, por decir lo menos, poco cuidadosa al minimizar el asunto. Abre margen para suponer presiones políticas o franco favoritismo.El único argumento que aportó Ramírez Höhne indica que la promoción de la consulta corresponde al Consejo de Participación Ciudadana y Popular para la Gobernanza, que integra también la Secretaría de Planeación y Participación Ciudadana, cuya titular es Margarita Sierra, ausente mediática y políticamente en este proceso.Otra vez, ¿la libertad de expresión brinda carta libre de promoción del voto (inducido) a la secretaría de Turismo, otras dependencias y municipios? Parece más una sobreinterpretación que usa la consejera para clausurar cualquier discusión. ¿Puede el Poder Ejecutivo ser juez y parte de una consulta que promociona e induce su resultado? Porque en Secturjal presionan a los burócratas para votar a favor, no para votar libremente. Hay mucho por debatir sobre la ley de consulta popular. Los dos ejercicios (inéditos) hasta ahora, el federal y el local, emanaron del Presidente y el gobernador Enrique Alfaro, no de ciudadanos.La legitimidad y certeza de un ejercicio por el que pagaremos 22.5 millones de pesos se convierte así en un juego que todos juegan, menos los ciudadanos.Hay dos riesgos en este juego: que la autonomía del IEPC Jalisco se vea cuestionada por presiones políticas (un mal debut para la nueva presidenta). Y que la consulta sobre el pacto fiscal derive en una herramienta distractora y mediática empleada para culpar a la Federación de los problemas que enfrenta y no puede resolver el gobierno estatal.
